El lunes 1ro de julio será un día histórico para las comunidades y el movimiento cooperativista de la montaña. Se trata de justicia social y liberación energética.
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Ese día, la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña entregará los documentos de su solicitud de cualificación a la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) para competir por administrar y generar la energía que produce la hidroeléctrica del Lago Dos Bocas y Caonillas, de Utuado.
Su proyecto busca también revitalizar la economía de esta adolecida zona montañosa, dónde los niveles de desempleo y de pobreza andan por las nubes, según se documenta desde antes del paso del huracán María.
“La Cooperativa nos aseguraría la capacidad para administrar nuestra energía. Tras el paso de María, ha sido amplia la concienciación de lo que son nuestros recursos, de la necesidad de nosotros mismos asumir esta responsabilidad. Sería un triunfo”, indicó Maribel Hernández Soto, de la organización sin fines de lucro Unidos por Utuado, que ha ayudado a darle forma al proyecto.
El primer triunfo verdadero de la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña, empero sucedió recientemente, al enfrentar el monstruo burocrático que en ocasiones puede representar el Estado y superar la errática sincronización de fechas que ofrecía el gobierno para radicar su solicitud a tiempo como cooperativa.
El 22 de enero de 2018, surgió la Ley 120-2018, sobre la transformación de Sistema Energéticos de Puerto Rico, que propulsa que la hidroeléctrica de Dos Bocas, al igual que otras estructuras de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sean rehabilitadas. Entonces, el 14 de diciembre de 2018, se creó la ley 258-2018, conocida como la Ley de Cooperativas de Puerto Rico.
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“Al crearse esta Ley vimos la oportunidad de unirnos como pueblo y tomar las riendas de nuestra energía, para revitalizar la economía de la montaña”, señaló la licenciada Ametza Delgado Cardona, de la Junta de Directores de la Cooperativa.
Durante el proceso para concretar una propuesta cooperativista que pudiese tomar las riendas de la hidroeléctrica, se reconoció que “son varias las agencias de Gobierno con sus respectivas leyes de política pública que están trabajando para la transformación energética de Puerto Rico”.
“Todas las leyes tienen que estar alineadas y la implementación de las mismas coordinadas para su fiel cumplimiento”, explicó Delgado Cardona.
El 11 de abril de este año surgió la Ley 17-2019, sobre Política Pública Energética de Puerto Rico, para “crear los parámetros que guiará a un sistema energético resiliente, robusto y confiable, con las tarifas justas y razonables”.
No obstante, esto fue Jueves Santo, pasó debajo del radar mediático, y, para colmo, la propia Ley dictaba que los proponentes tendrían apenas hasta el 3 de junio para radicar la propuesta. Además, en el caso de las cooperativas, se pedía que las mismas fueran certificadas por el Negocidado de Energía de Puerto Rico, cuando aún se trabaja el borrador de reglamento, según supo Metro.
“Al llevarle la preocupación al vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, se entendió la falta de sincronización entre las leyes pertinentes y de las agencias administrativas y se extendió la fecha para cualquier propuesta cooperativista hasta el 8 de julio”, acotó la licenciada.
Este lunes, la Cooperativa ha convocado a la prensa y al pueblo en general al Centro Minillas, donde ubican las oficinas de la AAPP, para la entrega de la documentación que busca que los propios ciudadanos administren este tan preciado recursos de la zona central.
“Por primera vez en la historia las comunidades tendrían voz en su sistema energético. Por eso creemos que es muy importante que se visibilice este esfuerzo y que el pueblo lo respalde”, finalizó.
