Un suplidor emplazó al Departamento de Educación (DE) a que cumpla con una sentencia del Tribunal de Apelaciones que deja sin efecto la cancelación de una subasta para adquirir computadoras y equipos electrónicos.
Es decir, el tribunal decidió que la agencia debe continuar con el proceso de subasta que, a su vez, está impugnada luego de que el mismo suplidor detectó alegadas irregularidades.
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En una carta con fecha del 11 de junio, WF Computer Service solicitó una reunión con el personal del Departamento “para efectos de que se nos evidencie que la agencia está dando cumplimiento a la orden (del tribunal) o se nos comunique la implementación por parte de la Junta de Revisión de Sentencia”.
El emplazamiento surge debido a que se cumplió el término que tenía Educación para apelar la sentencia del Tribunal de Apelaciones, lo que la convirtió en final y firme.
El DE convocó la subasta 2018-001 para comprar equipos electrónicos para un programa federal. Se estimó que la compra le saldría en $1.7 millones aproximadamente, a razón de $415 cada computadora. Pero la empresa demandante impugnó el proceso y quedó cancelado el 7 de mayo de 2018, por “cese de necesidad”.
Cerca de un mes después, el 11 de junio, el DE abrió una solicitud de propuesta (RFP, siglas en inglés) nuevamente para adquirir computadoras, pero con una diferencia: ahora solicitaba una cantidad mucho mayor de las que subastó inicialmente. En un principio, la subasta pedía 4,000 dispositivos, mientras que en el RFP un mes después pedía 159,330 unidades. Este RFP de junio también se canceló hasta agosto cuando se abrió uno similar.
De acuerdo con la sentencia, la anulación inicial de la subasta fue “no fundamentada” debido a que al abrir un RFP para solicitar el mismo tipo de equipo “no justifica la cancelación de la subasta 2018-001 basado en el fundamento del cese de la necesidad”.
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“Si la Junta de Subastas cancela una subasta válidamente adjudicada basándose en el argumento de cese de necesidad, dicha actuación estará condicionada a que no podrá solicitar autorización alguna para adquirir dicho bien por medio de ningún procedimiento alterno”, establece la sentencia en la que se hace referencia al propio reglamento del DE.
Metro solicitó la semana pasada conocer el estado del RFP y a quién se le adjudicó, pero al cierre de esta edición el DE no había provisto la información.
Según el expediente del caso, el argumento principal de WF Computer para impugnar la adjudicación de la subasta fue que hubo una especificación imposible de cumplir.
El DE exigía que las 4,000 computadoras tuviesen Bluetooth 4.2. Evidencia que presentó la empresa, a través de una certificación de los procesadores de Intel, explica que en ese momento el único Bluetooth disponible era el 4.1, y que la versión 4.2 estaría disponible después a través de una actualización gratuita. Es por esto que WF Computer arguyó que, al momento de la adjudicación de la subasta, ninguna de las computadoras con sistema operativo Windows tenía integrada la versión 4.2. Esto pese a que Computerlink, empresa a la que se le adjudicó esa partida de la subasta, indicaba en su cotización que sí contaban con el Bluetooth 4.2.
Sobre esta controversia, el Tribunal de Apelaciones devolvió el caso a la Junta de Revisión de Subasta por tener el asunto a su reconsideración antes de la cancelación.
Ante una petición de Metro, el DE indicó que la Junta está atendiendo esa impugnación, según lo expresado en la sentencia.
“El DE continuará auscultando todos los mecanismos posibles para asegurarnos de la mejor utilización de los fondos públicos. En conclusión, la Junta se encuentra atendiendo la impugnación presentada por WF Computer, por tanto, el DE se encuentra en cumplimiento con lo dispuesto por el Tribunal de Apelaciones en su sentencia”, establece la comunicación escrita de la agencia.
Las irregularidades que se señalan en el proceso de compras, subastas y RFP de Educación fueron notificadas por WF Computer desde octubre de 2018 al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés), al Departamento de Justicia, al Inspector Federal de Educación, la Oficina del Contralor, el Senado y la Cámara, y a la entonces secretaria Julia Keleher.
