La última verdadera reforma electoral fue en 1983. Tres décadas luego, las circunstancias del país han cambiado, tanto en aspectos económicos como en tecnológicos. La Comisión Estatal de Elecciones necesita ajustarse a esos dos cambios; en eso hay consenso entre todos los sectores.
Ahora bien, reformar el sistema electoral no es tarea de un día. Al final, todo lo que conlleve cambiar la forma en que las personas ejercen su derecho fundamental al voto se debe evaluar cuidadosamente. Por lo que, en la amplia discusión que se debe tener, el tema central debe ser la confiabilidad en el sistema. Que las personas confíen en que su voto se contará y la facilidad para ejercerlo.
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En tiempos recientes se ha ido perdiendo la confianza en las instituciones, y lejos de abonar a esa noción, cualquier reforma electoral debe tener como norte la promoción de la esta entre el electorado.
La reforma electoral propuesta se aparta de dicho principio al estar diseñada específicamente para asegurar el mayor poder y control de un partido sobre el organismo electoral partiendo de premisas equivocadas como el hecho de que la participación en el organismo electoral debe ser a base de los votos obtenidos. La mera insinuación de algo así destapa la intención discriminatoria y, por ende, genera desconfianza. No es saludable que un partido domine la CEE solo porque sacó más votos que los demás partidos. Al contrario, lo saludable dentro de un sistema democrático es la protección de las minorías y no subrayar o mucho menos tratar de que desaparezcan.
Por eso, en la Constitución se garantiza que, cuando un partido elige más de dos terceras partes del cuerpo legislativo, se tienen que añadir escaños. Escaños de candidatos que la voluntad general no fue que estuvieran ocupando una silla en la Asamblea Legislativa para que, en aras de evitar el dominio de un solo partido en uno de los cuerpos legislativos, entren en las mismas condiciones que los demás legisladores. Tampoco se establece una clasificación distinta por estos ser “de minoría”.
En fin, este proyecto de reforma va contra esa noción de protección del derecho al voto y de garantizar la igualdad de condiciones. A modo de ejemplo, desaparecen a un cuarto partido que quedara inscrito en las elecciones, y aun un tercer partido tendría que contar con el voto de los otros partidos para poder tener un representante en las distintas juntas que se crean. Y lo más abarcador es la modernización del sistema electoral completo. Ahí es cuando podrían verse afectados los derechos de los electores. Contrario a lo que se pueda pensar, actualmente hay miles de personas sin acceso a internet. Esto se demuestra con la cantidad de personas que acuden personalmente a las Juntas de Inscripción Permanente para trámites tan sencillos, como un certificado de ASUME. ¿Cómo será cuando las transacciones electorales sean a través de la internet exclusivamente?
La reforma electoral debe partir del consenso y no de la noción que tenga una persona o un grupo. Hacer lo contrario, le restará la poca confianza que el país tiene en sus instituciones.
