En una extensa vista pública celebrada ayer, tanto el liderato del Partido Popular Democrático (PPD) como del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) coincidieron en que el propuesto Código Electoral para Puerto Rico 2019 es difícilmente enmendable, señalando que la medida carece de garantías de fiscalización y de lo que catalogaron como inconstitucional: el traspaso al Tribunal Supremo del nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.
Aunque tanto deponentes del Partido Nuevo Progresista (PNP) como la comisionada electoral Norma Burgos defendieron la enmienda, el mismo autor de la medida y presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, expresó apertura para cambiar la disposición.
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“En el pasado, cuando los comisionados no se ponían de acuerdo, y tenían que venir a la Asamblea Legislativa, se necesitaban dos terceras partes (de los votos), que, en muchas ocasiones, requieren la participación de las minorías para poder alcanzar esa cifra. Eso suple, en alguna medida, el consenso que no se logró en los comisionados. Ellos (el PPD) dicen que ese mecanismo les atrae, les parece razonable”, dijo Rivera Schatz a la prensa, sugiriendo una posible vía a evaluar.
El proyecto también viabiliza la votación a través de internet. La preocupación sobre las garantías antifraude hizo eco durante las más de once horas de vista pública.
“Esto requiere, claro está, adoptar medidas fuertes y necesarias antifraude”, declaró Ana Irma Rivera Lassén del Movimiento Victoria Ciudadana.
Miguel Laureano, presidente de la Comisión Especial para Evaluar el Sistema Político, sugirió que habría otras vistas públicas, pero no lo confirmó.
