La Junta de Control Fiscal (JCFF) llegó a un acuerdo con la Coalición de Deuda Constitucional Legítima (CDCL), que poseen bonos de Obligaciones Generales (GOs) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), en un acuerdo que reduciría el monto de los bonos del Gobierno en circulación a menos de $12 millones, lo que representaría una reducción de un 60%.
La Junta emitió el domingo un documento donde explica y en el que hace una propuesta a los bonistas que poseen una deuda inválida del Gobierno y que decidan negociar, pagar entre 45 y 58 centavos. Mientras, la JCF propone pagar apenas otros 9 centavos de dólar al resto de la deuda del gobierno central, incluyendo a suplidores y otros acreedores no asegurados.
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El ajuste implicaría un recorte de la totalidad de $35,000 millones a $12,000 millones, lo que representaría una reducción de un 60%, en reclamaciones contra el Gobierno. El acuerdo prevé un 36% de reducción para los tenedores de bonos válidos de las obligaciones generales e Puerto Rio y un 27% de reducción a los tenedores de los bonos válidos de la Autoridad de Edificios Públicos, garantizados por el Gobierno.
El acuerdo en convenio con los bonistas, conjuntamente con el acuerdo de reestructuración de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), aprobado en febrero pasado, según la Junta en una parte de prensa, serviría para reducir el servicio máximo a la deuda que se pagaría en años futuros por más de 70%, de $4,200 millones anuales a menos de 1,500 millones al año.
El representante del gobierno ante la JSF, Christian Sobrino Vega, por su parte, dijo que “el gobierno de Puerto Rico siempre ha estado comprometido con negociar de buena fe y le ha dado mucha importancia a la restructuración de sus deudas y obligaciones”.
“Sin embargo, dadas las reformas de pensiones significativas realizadas en los pasados años y los numerosos cambios que el gobierno ha hecho para generar ahorros de sobre miles de millones de dólares en gastos a lo largo de los próximos 30 años, el gobierno no puede justificar el menoscabo de los medios de subsistencia de los ciudadanos más vulnerables de Puerto Rico”, dijo Sobrino Vega.
Por su parte, Susheel Kirpalani, socio del bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, asesor legal de la CDCL aseguró que el acuerdo se trata de “un desarrollo muy positivo para Puerto Rico” que una porción diversa de tenedores de bonos haya trabajado con la JSF para alcanzar un acuerdo de reestructuración consensuado que “va a acelerar que Puerto Rico salga de la bancarrota, respetar la prioridad legal de la deuda pública válida y ayudar en última instancia a restablecer el acceso a los mercados de capital”.
La Junta de Control Fiscal espera someter un plan de ajuste para el Gobierno durante los próximos 30 días.
