Ante la disparidad entre los presupuestos presentados por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Ejecutivo para el componente de Salud de la Isla, el presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio “Tony” Soto Torres, les solicitó a los funcionarios un desglose por concepto en la que se justifique la necesidad de fondos para cada uno de los programas que ofrecen servicios a la ciudadanía.
Durante el proceso de vistas públicas en el que se analiza el presupuesto para el funcionamiento de las dependencias del Departamento de Salud (DS), el legislador aseguró que a pesar de que se utiliza como instrumento de trabajo los documentos sometidos por ambos entes, “el presupuesto que va a adoptar esta Cámara de Representantes para el próximo año fiscal, va a ser un presupuesto de la Asamblea Legislativa”.
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Para ello, requirió que para el próximo martes, tanto el DS, como la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), la Administración de Servicios Médicos (ASEM), la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) así como el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, provean una segregación “conforme a las necesidades específicas para garantizar los servicios a nuestra gente y que cubra los gastos de personal, entre otros”.
“El ejercicio de ustedes con la Oficina de Gerencia y Presupuesto ya terminó, ahora el ejercicio es con la Asamblea Legislativa”, sentenció Soto Torres quien aseguró que lo que se aprobará es un presupuesto es un “conforme a la Ley PROMESA”.
El Secretario de Salud, Dr. Rafael Rodríguez Mercado, presentó un presupuesto recomendado de $1, 005,626 millones el cual se divide en $248, 696 millones proveniente del Fondo General, $561,054 millones de Fondos Federales, $74, 571,000 millones correspondiente al renglón de Asignaciones Especiales, $107, 192 millones de ingresos propios y $14, 113 de Fondos Especiales Estatales.
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Aunque el total asignado por el Ejecutivo representa un aumento de $5.4 millones en la partida de nómina, respecto al presupuesto del año vigente, para un total de $75, 213, 000 millones; el funcionario indicó que ni esta cantidad, ni los $59, 500,000 millones asignados por la JSF, cubren las necesidades de personal, ya que necesitan alrededor de $5 millones adicionales, para un total de $80, 544 millones. Esto, con el propósito de llenar plazas vacantes y mejorar la retribución de los profesionales que han aceptado mejores ofertas tanto en hospitales privados locales como en Estados Unidos.
Asimismo, se refleja una disminución de $14 millones en el Hospital Universitario de Adultos, $9 millones menos para el Hospital Pediátrico y $4.7 millones menos para el Programa de Instituciones de Salud.
Por su parte, la directora ejecutiva de ASES, Ángela Ávila, indicó que el presupuesto recomendado para el Programa Vital alcanza los $2, 941,991 millones, lo que representa un aumento de $52,700 millones con respecto al presupuesto vigente.
Este incremento corresponde a los ajustes de costos y gastos iniciales para cumplir con regulaciones federales. Sin embargo, este presupuesto presenta una disminución de $977 millones en el Renglón en Fondos Federales debido a la expiración del Bipartisan Budget Act 2018 que cubrió en un 100 por ciento los fondos Medicaid debido a la emergencia de los huracanes Irma y María. El documento refleja que la asignación de fondos federales para el próximo año fiscal será de $1, 660,758 millones.
Por lo tanto, estos fondos han sido sustituidos por una partida ascendente a $917,293 millones provenientes del Fondo General, que representa un aumento de $902,094 millones respecto al año fiscal vigente.
Ambos funcionarios mencionaron que se encuentran en conversaciones con miembros del Congreso federal, para que esta aportación de un 100 por ciento del programa Medicaid sea extendido al menos dos años, en lo que el Programa Vital se estabiliza.
“Si aumenta esta partida pudieran liberarse parte de esos $900 millones para atender prioridades en el mismo departamento de Salud”, dijo Soto Torres quien criticó el hecho de que al estar bajo el estatus territorial vigente, el Gobierno de Puerto Rico tiene que estar “cada semana caminando los pasillos del Congreso mendigando ayuda para los ciudadanos americanos que decidimos vivir en esta Isla.
