La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, aseguró ayer que firmaría una orden administrativa para fortalecer los protocolos de intervención en casos de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores.
Aduciendo a que se trata de un área “de alta prioridad” para el Gobierno, la funcionaria se reunió ayer con el titular del Departamento de Seguridad Pública, Elmer Román; el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, y otros miembros de ambas agencias.
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Los ajustes, que entraron en vigor de inmediato, buscan estrechar mejores lazos entre agentes y fiscales y darle prioridad a la víctima. Por ejemplo, obligan a los fiscales a entrevistar a la víctima el mismo día en que reciban la denuncia y se establecerán preguntas guía. Si deciden no someter cargos el mismo día, tienen que consultarlo con el fiscal de distrito, y facultar a los policías a comunicarse con el fiscal de distrito si tienen dudas sobre la decisión que tomó el fiscal a cargo.
Según Román, también discutieron de qué formas pueden atender al agresor y “darle la oportunidad a que… tengan unos recursos para buscar ayuda”.
La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, no pudo asistir a la reunión. En una entrevista previa con Metro y al cuestionársele sobre la eficiencia de los protocolos, Boria afirmó que estos ya eran suficientemente estrictos y que el problema era más bien de “sensibilidad” por parte de las autoridades.
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La orden administrativa surge luego de meses desde que diversos grupos feministas piden al Gobierno declarar un estado de emergencia por la violencia machista, que, en lo que va de año, ha cobrado las vidas de siete mujeres.
Mientras, la Cámara de Representantes aprobó ayer una medida que concede 15 días, aunque sin sueldo, así como acomodo razonable para atender casos de las distintas modalidades de violencia de género.
