Luego de, aproximadamente, tres años desde que inició el proceso para ajustar y renegociar la deuda del Gobierno central, la Junta de Control Fiscal (JCF) anunció ayer ante la jueza federal Laura Taylor Swain que está próxima a presentar un plan de ajuste.
Martin Bienenstock, abogado del ente creado por la Ley Promesa, dijo durante la vista realizada ayer en el Tribunal Federal en San Juan que esperan presentar dicho plan de ajuste dentro de los próximos 30 días.
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Tras la presentación del abogado de la JCF sobre este tema, la jueza federal se mostró satisfecha con los acuerdos alcanzados hasta el momento. “Tener propuestas enfocadas en un plan de ajuste es un paso muy importante”, manifestó Swain durante la vista.
Ante la inminencia del plan de ajuste, Bienenstock indicó a la jueza que se han pactado diversos acuerdos para que sean incluidos, entre ellos el de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), su Local Sindical y la Federación Americana de Maestros (AFT) para las pensiones de los maestros activos. Asimismo, el acuerdo con Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, que impactará a 11,000 empleados del Gobierno en áreas como plan médico, convenio colectivo y rescata las contribuciones de los empleados del Retiro-Sistema 2000, ascendente a $1,360 millones.
Acuerdo del Comité Oficial de Retirados del Gobierno
El acuerdo más reciente fue el de la JCF con el Comité Oficial de Retirados del Gobierno (COR). Dicho acuerdo propone una reducción de hasta un 8.5 % de las pensiones. Según la Junta, casi un 75 % de los pensionados se salvarían de los recortes.
“Esta es una parte integral del plan de ajuste que la Junta de Supervisión presentará próximamente en el Tribunal del Título III, que afecta a más de 300,000 beneficiarios de pensiones y reestructura más de $50,000 millones en obligaciones de pensiones no sufragadas en el Sistema de Retiro de Empleados, el Sistema de Retiro de Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura”, dijo la Junta en una comunicación escrita.
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Por su parte, el presidente de la Junta, José Carrión, catalogó el reciente acuerdo como “un paso crucial” para el plan de ajuste que se presentará. “Hoy alcanzamos otro hito que permitirá a Puerto Rico salir de la quiebra y facilitará que las empresas inviertan, que nuestra economía crezca y que la gente de Puerto Rico prospere”, opinó Carrión.
Sin embargo, tanto la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) como portavoces del Gobierno expusieron en y fuera de la corte federal que se opondrá a dichos acuerdos.
El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Anthony Maceira, alegó que del comunicado del COR se desprende que la JCF amenazó al Comité con procurar peores recortes.
“Es lamentable que el Comité de Retirados se haya visto presionado a aceptar este acuerdo, que va en detrimento de nuestros jubilados, pues no es más que una estrategia de la Junta para procurar aliados que validen su obsesión de recortar pensiones”, dijo el secretario de Asuntos Públicos en declaraciones escritas.
Por su parte, el director ejecutivo de la AAFAF, Christian Sobrino, indicó que “en otras palabras, este acuerdo entre la JSF y el COR impactará negativamente la calidad de vida de más de 65,000 retirados, los cuales verán un recorte a sus pensiones”.
Judicatura
En la jornada en la que Swain vio casos de Título III desde las 9:30 a. m. hasta las 4:00 p. m., también se vio la petición de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura de levantar la prohibición de litigios, también conocida como el stay, a fin de evitar el recorte de sus pensiones.
Acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica
Por otro lado, la jueza Swain determinó que el Gobierno no presentó su declaración inicial del acuerdo de reestructuración de deuda (RSA, por sus siglas en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Mientras veía la petición del Comité de Acreedores No Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés) de que se publiquen los documentos relacionados con la negociación del RSA de la AEE, Swain se percató de la falta de información sometida por el Gobierno.
La jueza federal estableció el martes de la próxima semana para que el Gobierno presente la declaración inicial. Además, Swain manifestó que faltó información adicional sobre otros aspectos del acuerdo, por lo que el Gobierno tendrá que entregar los documentos restantes el 19 de junio.
Mientras todo esto se discutía, a las afueras del Tribunal Federal cerca de un centenar de personas marcharon en contra de los acuerdos que podrían reducir sus pensiones y que comprometen el presupuesto del país por décadas para el pago de deuda a los bonistas.
AMPR y la JCF esperan por el Gobierno para licencia por enfermedad a maestros retiradosLa presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, indicó que tanto la AMPR como la JCF alcanzaron un acuerdo adicional a las pensiones, que atiende el pago de las licencias por enfermedad acumuladas por los maestros que se retiraron de mayo a julio de 2017.
“El Gobierno tiene el dinero para pagarles a estos maestros, y la AMPR y la Junta de Control Fiscal ya han identificado y acordado un mecanismo para el pago de las licencias por enfermedad acumuladas a este pequeño grupo de maestros”, dijo Díaz en comunicación escrita.
La líder sindical expresó que ahora esperan que el Gobierno desembolse la cantidad, que asciende a más de $3 millones.
“[S]e le informó a la jueza Swain que solo queda pendiente la cooperación del Gobierno para firmar el acuerdo final e implementar el mecanismo para el pago de las licencias por enfermedad acumuladas a estos maestros retirados”, señaló.
