Panamá — El expresidente panameño Ricardo Martinelli, acusado de espionaje político durante su administración, pasó el miércoles de la cárcel al encierro domiciliario, según una medida judicial cuestionada por algunas de las presuntas víctimas.
El tribunal de tres jueces que atiende el caso dio la orden respondiendo a una solicitud de la defensa al cumplirse la víspera un año de prisión preventiva desde que Martinelli fue extraditado por Estados Unidos para que responda ante la justicia en su natal Panamá. La medida no detiene el juicio que se le desarrolla desde su retorno.
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El Órgano Judicial informó en su cuenta de Twitter que el tribunal “ordena el cese de la detención provisional a expresidente de la república por cumplirse el plazo de un año e impone la medida de depósito domiciliario”. Martinelli fue trasladado temprano desde la sala del juicio a su casa, donde horas después se lo vio afuera saludando y cargando un perrito.
La opositora Balbina Herrera, una de las presuntas víctimas de los llamados “pinchazos”, dijo que el fallo crea un precedente para otros casos y que genera el riesgo de que el expresidente desatienda el proceso de ahora en adelante. Refirió que Martinelli se negó antes de su arresto en Estados Unidos en 2017 a presentase ante la justicia panameña.
“Para nosotros sí hay peligro de fuga”, señaló Herrera en declaraciones a la televisión local.
De acuerdo con la defensa, el tribunal prohibió a Martinelli utilizar las redes sociales, hacer declaraciones a los medios y le retiró el pasaporte para evitar que salga del país. Asimismo, tendrá vigilancia en su casa en un sector acomodado de la capital y deberá recibir autorización para sus revisiones médicas.
“Es un avance. Nos sentimos complacidos”, dijo a los medios en las afueras del tribunal la esposa del expresidente, Marta Linares.
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La defensa, sin embargo, buscaba que a Martinelli se le permitiese movilizarse a nivel nacional o lo que se llama “país por cárcel”. El tribunal programó para el viernes una audiencia para resolver las apelaciones.
El magnate de los supermercados de 67 años, que gobernó entre 2009 y 2014, fue repatriado desde Miami el 11 de junio del año pasado. Desde entonces permaneció detenido en una cárcel en las afueras de la capital mientras se le realizaba el juicio oral, que está en la etapa de presentación de testigos.
A Martinelli se lo acusa de gastar indebidamente millones de dólares para la compra a Israel de equipos sofisticados con los que habría interceptado las comunicaciones ilegales de al menos 150 personas.
Entre los presuntos afectados figuran el presidente Juan Carlos Varela, un hermano suyo que es diputado, así como varias figuras del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el mayor de la oposición y cuyo candidato Laurentino Cortizo ganó las elecciones presidenciales el 5 de mayo; algunos periodistas y dirigentes sindicales y de la sociedad civil.
“Es una medida salomónica”, consideró la activista de derechos humanos Magaly Castillo, en alusión a que los jueces se tomaron más de 11 horas para decretar un cambio de medida cautelar que probablemente no satisface del todo a ninguna de las partes. “No es un caso cualquier, ni fácil”.
La fiscalía ha pedido 21 años de prisión para Martinelli, quien ha rechazado los cargos y asegura que se trata de una persecución montada por el gobierno de Varela, cuyo periodo culmina el 1 de julio. Varela, quien fue vicepresidente de Martinelli y rompió la alianza con él en pleno gobierno, niega esos señalamientos.
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