Las comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano; y la de Asuntos del Consumidor, Banca y Comercio, que presiden los representantes Luis “Junior” Pérez Ortiz y Yashira Lebrón Rodríguez, respectivamente, reanudaron el miércoles los trabajos de la Resolución de la Cámara 1224, para investigar el impacto en el mercado de hipotecas y en los consumidores de la determinación de los bancos hipotecarios de conceder una moratoria voluntaria de entre tres a cuatro meses.
La pieza legislativa, de la autoría de Pérez Ortiz junto a los representante Ramón Luis Cruz Burgos, Carlos Bianchi Angleró, Jorge Navarro Suárez y Denis Márquez Lebrón, también analiza la viabilidad de crear nueva legislación para establecer un mandato claro para la concesión de moratorias en préstamos voluntarios hipotecarios, en caso en que el Gobernador de Puerto Rico realice una determinación de emergencia conforme a la Ley.
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La licenciada Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), reconoció la intención legislativa por ser una de “interés social”. Sin embargo, mencionó que la imposición de moratorias obligadas en el caso de emergencias, “sería detrimental para nuestros bancos que retienen en cartera cierto porcentaje de préstamos hipotecarios originados por estos”.
La vicepresidenta de la ABPR mostró preocupación por la imposición de normas en cuanto a moratorias obligadas para beneficio de deudores hipotecarios que ya están atrasados y que superan los 60 días al momento de una emergencia. “Se trata de deudores cuya mora no está relacionada a la emergencia. Nos parece de todo irrazonable y peligroso obligar a los acreedores hipotecarios a conceder moratorias obligadas en estas circunstancias”, argumentó en comunicación escrita la licenciada, al asegurar que todos los bancos ayudaron “de forma voluntaria” a los consumidores tras el paso del huracán María ofreciéndole alivios financieros.
Álvarez Rubio señaló que el 65 por ciento de los préstamos hipotecarios que se originan por las instituciones financieras en Puerto Rico, pertenecen a inversionistas en los mercados secundarios hipotecarios y/o están garantizados por agencias federales.
La representante Lebrón Rodríguez indagó sobre estadísticas de los casos en moratorias, a lo que, Álvarez Rubio respondió que ocurrió un incremento de moratorias tras la emergencia del huracán. La Licenciada mencionó que para agosto 2017 se reflejó una morosidad de 12.5 por ciento, mientras que para septiembre un 17.45 por ciento, seguido de un 29.08 para octubre y para noviembre y diciembre un 31.90 y un 29.77, respectivamente.
El presidente de la Comisión de Vivienda, Pérez Ortiz, requirió a la deponente a que entregue a ambas comisiones los casos activos en procesos de ejecución, referidos a demandas, préstamos en delincuencias, y los casos del 2019 que se han vendido con descuentos a inversionistas, además, de recomendaciones para nueva legislación.
