Pulseo entre sindicatos por acuerdos con la Junta

Mientras el Gobierno asegura que habrá dinero para el pago de pensiones, otro sindicato anunció un nuevo acuerdo de beneficios con la Junta de Control Fiscal, y diversas uniones repudian las negociaciones con el ente de la Ley Promesa

Por Miladys Soto

En el inicio de la semana de votaciones de los maestros del país para ratificar o no el preacuerdo que negoció la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), la Local Sindical y la Federación Americana de Maestros (AFT) con la Junta de Control Fiscal (JCF), Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME reveló su propio acuerdo con el ente creado por la Ley Promesa.

Anette González, presidenta de SPUPR, explicó en conferencia de prensa que si se ratificase el acuerdo, impactará a 11,000 empleados públicos. “Tenemos derecho de negociar con quien tiene el control del presupuesto”, sentenció la líder sindical. Además, agregó que “el gobernador no ha tenido la voluntad de sentarse con nosotros”.

El acuerdo, según González, establece que los convenios colectivos se mantendrán vigentes por cinco años. También, fija una aportación al plan médico de $170, un fideicomiso de salud de $5 millones para compensar la diferencia de esos $170 y la actual aportación aplicable a los empleados cobijados por la Ley 158-2006. Asimismo, se explicó que el acuerdo rescata las contribuciones de los empleados del Retiro-Sistema 2000, ascendente a $1,360 millones. Ese dinero será segregado en cuentas individuales. Mientras, se acordó un bono a partir del 2020 si se cumplen las proyecciones presupuestarias del plan fiscal.

Se espera que el proceso de envío de información y de votación para los miembros de SPU empiece el 17 de junio y culmine el 28 de junio.

Se expresa el Gobierno

Mientras, el Gobierno aseguró que las cuentas de contribuciones definidas no fueron financiadas de forma adecuada por las pasadas dos décadas.

“Como parte de nuestra reforma a los Sistemas de Retiro mediante el Sistema Pay-Go, estamos reconociendo esos balances, presupuestándolos y desembolsándolos según corresponda. Ahora bien, nuestra administración siempre ha estado dispuesta a restituir en su totalidad los fondos mediante una transferencia única del Tesoro Estatal al Nuevo Plan de Aportaciones Definidas creado mediante la Ley 106-2017. En ese sentido, comenzaremos los trámites correspondientes para efectuar esa transferencia sin necesidad de obstáculo adicional alguno. Confiamos en que la JSF apoye esta iniciativa y nos permita implementarla lo antes posible, en beneficio de decenas de miles de empleados públicos”, indicó en una comunicación escrita el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Anthony Maceira.

Sindicatos piden a unionados que no negocien

Por otro lado, la Federación de Pensionados y Jubilados de Puerto Rico (FPJ-PR) junto con grupos de pensionados y organizaciones sindicales de empleados del Gobierno, rechazaron que el Comité de Oficial de Retirados (COR) y cualquier otra organización estén negociando con la Junta rebajas en las pensiones de retirados o de los empleados activos que aún no se han retirado.

El presidente de la FPJ-PR, Dwight Rodríguez Orta, señaló que “no es aceptable rebaja de clase alguna a la pensión de los empleados públicos retirados o por retirarse que la han dedicado su vida al servicio público”.

Mientras, en conferencia de prensa, el gobernador Ricardo Rosselló reaccionó a las expresiones de la FPJ-PR y aseguró: “¿De cuándo acá estamos contestando bochinches? Yo voy a batallar por los pensionados”, reseñó la agencia Cybernews.

San Juan demanda a Retiro

Por otro lado, el municipio de San Juan demandó el Sistema de Retiro, por los pagos de las pensiones (Pay Go).

Según la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, el Sistema de Retiro alega que al municipio de San Juan le corresponde pagar a 1,068 personas. Sin embargo, en una revisión que hizo el ayuntamiento, se encontró que entre esas hay al menos 132 personas fallecidas.

Además, hay otras 340 personas que, con la información provista por el Sistema de Retiro, no se puede corroborar que, en efecto, fueron empleados del municipio.

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