El presidente de la Organización de Empleados Públicos Populares, Juan Vega, dijo el jueves que el mecanismo del Empleador Único sin estudiar las funciones de cada puesto ocupado, sin metodología, sin auditorias y sin agrupaciones de clases de puestos a escalas de sueldo en el Gobierno, supuestamente dará margen a violaciones al Sistema de Mérito, lo que provocará acciones legales por los funcionarios públicos a quienes se le violen sus derechos.
Vega, adelantó que estarán orientando a los empleados públicos con abogados y personal especializado para garantizar sus derechos ante la implantación de un “Plan de Clasificación” desarrollado de forma subjetiva, lo cual atenta con el consagrado Sistema de Mérito. El llamado “Empleador Único” se establecido en la Ley 8-2018, “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno”, pero esto se ha prestado para mover empleados de agencias sin garantizar esos derechos.
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“Lo que estamos viviendo constituye un retroceso al siglo pasado y un engaño a los servidores públicos y al pueblo de Puerto Rico. Hemos recibido información de cientos de empleados de diferentes agencias que al día de hoy no han llenado ningún documento como parte del estudio de clasificación de puesto, ni han sido orientados sobre el particular. Al respecto nos preguntamos, ¿cómo se verán afectados esos empleados sin que el puesto que ocupan haya sido analizado?”, precisó Vega en comunicación escrita.
“Para poder afrontar la situación fiscal por la que atraviesa el país, la actual administración de gobierno ha estado tomando medidas que atentan con el sistema de mérito y la aplicación de una sana gerencia pública en el gobierno. La falta de procesos articulados da paso a la improvisación que provocará el colapso del sistema de mérito. Las medidas de control fiscal que se toman atentan contra las áreas esenciales al principio de mérito de nuestro sistema de recursos humanos”, indicó el presidente de los Servidores Públicos del PPD.
Asimismo, explicó que una de esas áreas esenciales más afectadas es la Clasificación de Puestos. Un estudio de Clasificación de Puestos deberá reflejar la situación de todos los puestos a una fecha determinada, constituyendo así un inventario de los puestos autorizados bajo un sistema de recursos humanos centralizado. El propósito de la clasificación de puestos es agrupar en clases aquellos que sean de naturaleza similar. Todos los puestos que sean iguales o sustancialmente similares en cuanto a la naturaleza y el nivel de dificultad del trabajo a desempeñarse a base de los deberes, complejidades y grado de responsabilidad y autoridad ostentarán la misma clasificación.
El establecimiento de un Plan de Clasificación centralizado como un empleador único no es nada nuevo e innovador para el servicio público. El gobierno de Puerto Rico estuvo administrando sus recursos humanos bajo un sistema centralizado desde que se implantó la primera ley de recursos humanos en el año 1907 hasta finales del siglo pasado, mencionó Vega.
Por último, recordó que bajo la administración del Gobernador Pedro Rosselló se culminó un proceso de descentralización de los asuntos de recursos humanos del gobierno central para dar paso a los administradores individuales, los cuales funcionarían por medio de delegaciones realizadas bajo la supervisión de la Oficina Central de Asuntos Laborales y Administración de Recursos Humanos (OCALARH) en ese entonces, indicó Vega.
