Si la Universidad de Puerto Rico (UPR) quiere evitar el cierre de recintos y aumentos adicionales en las matrículas, tiene que implementar varias medidas, advirtió Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF).
Y es que el ente fiscal aprobó ayer unánimemente un nuevo plan fiscal para la institución universitaria, que, entre otras cosas, propone un cambio en el sistema de retiro de la UPR a un sistema de contribución definida, similar al implementado en el Gobierno y a un 401K. Actualmente, el sistema universitario de retiro opera bajo un sistema de beneficios definidos. Este medio intentó obtener una reacción de Eduardo Berríos, presidente de la Junta de Retiro de la UPR, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
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“Si implementas el plan, podríamos tener un balance fiscal. Pero si no implementas el plan fiscal, estás en negativo. Tienes que tomar medidas”, sostuvo Jaresko durante una mesa redonda con la prensa. La funcionaria resaltó que si no se implementaran las medidas —al llegar el año fiscal 2024— la UPR operaría con un déficit de $368 millones.
Si se implementaran las medidas, tendrían un súperavit de $20 millones al llegar el 2024.
La reducción en estudiantes matriculados, dijo, provocó los cambios en el Plan Fiscal. Para el año fiscal 2024, la JCF estima que la UPR tan solo recibirá 42,573 estudiantes, a diferencia de los 49,153 matriculados ahora.
Asimismo, sostuvo que reformar el plan de pensiones y consolidar servicios administrativos permitirá que, entre otras cosas, se mantengan los once recintos y se pueda aumentar la facultad de la institución a un 3 % anualmente hasta el 2024.
“Todos los once recintos se mantendrán operando. Nadie está sugiriendo cerrar recintos. El plan fiscal no requiere cerrar recintos”, subrayó.
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Jaresko, además, indicó que se mantendrán las exenciones a estudiantes veteranos, asistentes de profesores y algunos estudiantes de honor. Sin embargo, los dependientes de veteranos ya no contarán con la exención de matrícula. Añadió que la UPR deberá implementar la eliminación de exenciones a estudiantes atletas, integrantes de organizaciones extracurriculares y representantes ante la Junta de Gobierno. Expuso que estos cambios serán prospectivos y no afectarán a los estudiantes actuales.
Jaresko acentuó la necesidad de incluir el aumento en la matrícula graduada para los grados de juris doctor y los de maestría en el 2023.
Planteó que el costo de la matrícula estudiantil deberá mantenerse al punto de que aquellos que reciban la beca Pell les sobren, al menos, $1,000 al año. La directora ejecutiva de la JCF no supo precisar si este sobrante podría ser mayor para estudiantes que cuentan con una carga académica mayor al promedio de 12 créditos. Tampoco aclaró si esta cantidad será suficiente para costear la cuantía de libros, transportación y, en algunos casos, hospedaje. “A lo mejor tendrías que tener un trabajo a tiempo parcial. Yo trabajé durante mis años de bachillerato”, expresó.
Mientras, aquellos que no cualifiquen a la beca Pell podrán solicitar ayuda económica a dos fondos de beca que se implementarán. Uno será administrado por el Gobierno central y el otro por la UPR, que totalizará unos $250 millones.
El nuevo plan fiscal mantuvo las reducciones de las aportaciones que hace el Gobierno central a la institución, que alcanzarán $388 millones en 2024. Este año fiscal el centro docente recibió alrededor de $587 millones. Ante esto, Jaresko reiteró que la UPR debe alinearse a las universidades de Estados Unidos que reciben cerca de 20 % a 30 % de asignaciones del Gobierno y cuentan con subvenciones federales, la monetización de patentes y propiedad intelectual para cubrir el otro 80 % a 70 % de sus gastos.
El plan fiscal de la Junta también sugiere la eliminación del bono de Navidad, reducir la compensación por liquidación y reducir la contribución a los beneficios de la facultad de $390 a $125.
Tras el anuncio de Jaresko, Walter Alomar, presidente de la Junta de Gobierno, indicó que no reaccionarían debido a que no habían recibido el plan fiscal. Incluso, señaló que la JCF les había dado hasta agosto para cumplir con las deficiencias identificadas en mayo. Horas después, la JCF publicó el documento por medio de la plataforma de Twitter, pero tampoco hubo reacción de la UPR.
