Policía deberá revelar los informes sobre fuerza excesiva

En estos documentos se detallan los hechos que motivaron al uso de fuerza utilizada por miembros de la Uniformada

Por Sadot Santana

La Policía de Puerto Rico deberá entregar los Informes de Fuerza Excesiva a la organización Kilómetro 0 luego de que un tribunal de San Juan determinó que no eran de carácter confidencial.

De tal manera, el juez Anthony Cuevas, validó ayer la petición de información de la organización sin fines de lucro y reconoció el derecho de acceso a la información pública, ya que “permite a los ciudadanos evaluar y fiscalizar la función pública adecuadamente”. La Policía tiene 5 días para entregar los Informes de Fuerza Excesiva desde 2014 al presente, según ordena la sentencia.

Los informes de brutalidad policiaca, según la decisión, son una comunicación entre un integrante de la Policía y su supervisor inmediato, mediante la cual el oficial notifica a su supervisor instancias tales como si ha utilizado la fuerza, un arrestado se lesionó o hay alegación de que se utilizó fuerza excesiva. Este informe debe contener información detallada del incidente, incluida una descripción de los actos que motivaron el uso de fuerza y el motivo inicial de la presencia del oficial y es el que se debe completar obligatoriamente cada vez que el uniformado utilice fuerza “contra más de una persona o animal”.

El Departamento de Seguridad Pública (DSP) se negaba a la entrega bajo el argumento de que son documentos confidenciales, ya que se tratan de comunicaciones internas entre el oficial y su supervisor. Además, sostuvieron que se trata de una “herramienta para el desarrollo de política pública”.

“Los ciudadanos tienen el derecho de examinar el contenido de los expedientes, informes y documentos públicos e investigar cómo se conducen sus asuntos, sujetos solo a aquellas limitaciones que impone la más urgente necesidad pública. Y esas excepciones de mantener la información pública solo se justifican cuando así lo determine el interés público”, señaló el juez.

Cuevas estableció asimismo que el Estado no podía negarse “caprichosamente” a entregar la información.

El DSP, además, argumentó que entregar estos informes tendría el efecto de que los oficiales no actuarían con “libertad y entereza” a la hora de redactar estos informes.

El juez rechazó este planteamiento y puntualizó que “el que tengamos que catalogar un documento, claramente público, en confidencial, porque de ser público, la persona encargada de redactarlo y todos los que intervengan en el mismo podrían mentir, resulta insostenible”.

Cuevas añadió que el Estado no presentó evidencia suficiente para considerar la información como privilegiada. Además, precisó que el documento contiene únicamente una narrativa de los hechos durante una intervención en la que se utilizó fuerza.

El pasado 4 de diciembre, un informe publicado por Kilómetro 0 —organización que se dedica a la publicación de datos y estadísticas, especialmente relacionadas con el proceso de la reforma federal de la Policía—reveló que, al menos, 38 personas fallecieron debido a uso de fuerza excesiva de la Policía de Puerto Rico entre 2014 y 2018.

Júbilo tras decisión

Mari Mari Narváez, portavoz de Kilómetro 0, reaccionó con entusiasmo a la decisión y aseguró que es un paso bien importante para que haya más transparencia y acceso a la información.

“Pero quisiéramos que los que toman las decisiones le den importancia y aprueben una buena legislación de acceso a la información con parámetros internacionales y reconocidos para crear un mecanismo que sea permanente y funcional, y que el año que viene no tengamos que pasar por esto otra vez y podamos seguir nuestro trabajo de ver si la reforma de la Policía está dando resultados”, declaró al tiempo en que espera que la Clínica de Acceso a la Información de la Universidad Interamericana pueda seguir representándolos en caso de que el Negociado decida apelar la sentencia.

Por su parte, el Comisionado de la Policía, Henry Escalera, dijo a través de su portavoz prensa Karixia Ortiz que evaluará la decisión judicial junto con los asesores legales de la agencia, para entonces tomar la decisión que corresponda.

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