La representante por el Distrito 19 de Mayagüez y San Germán, Maricarmen Mas Rodríguez, anunció el viernes la radicación de una resolución para investigar las causas de las recientes muertes reportadas de niños ahogados en el área oeste de Puerto Rico.
La Resolución de la Cámara 1422 también persigue auscultar una gama de medidas preventivas para que no siga ocurriendo este tipo de accidente.
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“Parte esencial de la investigación se centrará en verificar los requisitos de permisos de construcción referentes a las piscinas si existen, cuál es su aplicabilidad y si se están cumpliendo sus parámetros a la hora de construir cuerpos de agua artificiales como piscinas”, dijo Mas Rodríguez en declaraciones escritas.
Recientemente, en el área oeste se reportaron dos muertes lamentables de niños de entre uno y cuatro años, ahogados en el área de piscinas privadas. Sostuvo que por sus edades, los menores necesitaban la supervisión directa de adultos, pues no comprenden las condiciones peligrosas de los lugares a los que ingresan.
Según explicó en la Exposición de Motivos de la pieza legislativa, en el marco jurídico vigente existe la doctrina del peligro atrayente. Dicha doctrina se utiliza en la materia de responsabilidad por daño cuando se mantiene una condición peligrosa atractiva para niños.
Agregó que uno de los casos ilustrativos sobre esta doctrina lo es el caso Pérez Vázquez v. Sucesión Amill, 1963, 89 D.P.R. 370. En el referido caso, el Tribunal Supremo señala que “un poseedor es responsable de daños corporales recibidos por niños que entran sin permiso en su propiedad, causados por una estructura u otra condición artificial que él mantenga en el terreno”.
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“Sin embargo, cabe destacar que esta doctrina se aplica al dueño de la ‘condición peligrosa’ partiendo de la premisa de que el niño acceda al lugar cuando éste no tiene supervisión adulta o de alguien con mayor entendimiento. Así que, de este modo, abrimos las posibilidades de que se investiguen las causas de las recientes muertes reportadas de niños ahogados en el área oeste de Puerto Rico”, sentenció la también presidenta de la Comisión para el Desarrollo Integrado de la Región Oeste.
La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste tendrá un período de hasta 180 días para hacer la investigación y presentar sus recomendaciones al pleno de la Cámara de Representantes.
