UPR se aferra a su plan fiscal

La universidad se mantiene firme en no ejecutar los ajustes que exige la Junta Fiscal y que implicarían mayores recortes

Por María de los Milagros Colón

A riesgo de estar en violación de la Ley federal Promesa, la Universidad de Puerto Rico (UPR) seguirá firme en que no hace falta entregar un plan fiscal revisado a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), y no tiene ninguna intención de hacerlo con los ajustes que exige el ente: nuevas alzas en el costo de créditos, un mayor tijeretazo a las exenciones, eliminar el bono de Navidad y otras medidas fiscales.

Así lo confirmó la institución a este medio, haciendo referencia a que, a estas fechas, sostiene la postura que comunicó a la JSF el 17 de mayo. “La UPR está en total desacuerdo con la opinión de JSF de que el plan fiscal presentado requiere más revisiones para alcanzar los objetivos fiscales, esto como condición previa a su certificación de conformidad con Promesa”, lee la misiva.

Una de las posibilidades ante este panorama es que se repita  lo sucedido el año pasado: que la Junta y la Universidad mantengan dos planes distintos. El mismo centro docente reconoció en la carta a la JSF que terminó ajustando sus operaciones a un tipo de híbrido entre ambos planes fiscales.

“La universidad ha hecho amplios avances para cerrar la brecha entre el plan fiscal de la UPR (septiembre 2018) y el plan fiscal certificado de la JSF (octubre de 2018). Como se muestra en el plan fiscal, se han agregado $112.9 millones en medidas al plan de la UPR, alineando los dos planes sin considerar un aumento adicional en el año fiscal 2024, que no era parte del plan fiscal certificado”, subrayan en la misiva enviada la misma semana en que este medio reveló una comunicación de la JSF —con fecha del 1.o de mayo— en la que pide arreciar las medidas de austeridad.

Una de ellas es, precisamente, incrementar en un 1.5 % el costo de los créditos a nivel subgraduado para 2024. En 2023  alcanzaría los $157 (de $56 en 2017). Los ajustes deben sumar ahorros de $657.5 millones para la UPR hasta 2023.

El otro panorama es un pleito en tribunales, posibilidad que ha subrayado el sector estudiantil. La representante graduada ante la Junta de Gobierno, Marysel Pagán Santana, sugirió que resta ver cuándo la JSF someterá algún recurso legal en contra de la UPR “porque, mientras tanto, la universidad va a seguir corriendo su propio plan. Y vamos a seguir en esas”.

La Junta Universitaria, con representantes de los once recintos, se reunirá este jueves para discutir la situación.

Tranque con la HEEND

Mientras tanto, la admministración de la UPR continúa negociando con la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) el tijeretazo a las exenciones de matrícula para este sector, sus hijos y cónyuges.

En una comunicación oficial, la administración señaló que la HEEND rechazó su propuesta de aumentar la exención de un 60 % a un 75 % “de manera complementaria, luego de considerar otras ayudas conferidas al estudiante”. La JSF, por otra parte, busca que se eliminen todas las exenciones excepto a veteranos y algunos estudiantes de honor.

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