El representante de Caguas, José “Conny” Varela radicó una Resolución para investigar la directriz establecida por el Secretario de Hacienda y Principal Oficial Financiero del Gobierno de Puerto Rico, Raúl Maldonado, para permitir el acceso a la información asociada a los planes fiscales del Gobierno, por entender que el mismo pudiera violentar el derecho constitucional sobre el acceso a la información pública.
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“Este protocolo anunciado el pasado lunes 20 de mayo por el CPA (Raúl) Maldonado ha sido objetado pordiversas organizaciones bona fide que abogan por el acceso a la información gubernamental. Entienden dichasorganizaciones que el mismo está diseñado para limitar el acceso a documentos gubernamentales que no han sidoespecificados”, sentenció Varela, ante los reportajes periodísticos publicados en los pasados días sobre este particular.
Según la Resolución de la Cámara 1423 de la autoría del legislador, el Principal Oficial Financiero estableció un procedimiento para atender las solicitudes de acceso a la información pública sobre los planes fiscales, el cualestablece, entre otros, un correo electrónico para realizarlas peticiones; ordena al solicitante identificar la naturaleza del pedido de información y fija un término de 10 días al Gobierno para atender las peticiones de información.
Mientras que en el resto de los países del mundo la tendencia es hacia la mayor apertura y divulgación de la información pública así como la proactividad de los funcionarios del Estado, esta administración pretendeponer trabas al requerimiento ciudadano, lo cual pudieraestar violando lo establecido desde el año 1982 pornuestro Tribunal Supremo quien interpretó como un derecho constitucional el acceso a la informacióngubernamental. manifestó el también Portavoz del PPD ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes
El legislador urgió se realice la investigación a través de la Comisión de Gobierno, quien es la que cuenta con la jurisdicción para pasar revista sobre las acciones de las agencias del Gobierno Central. “No se puede permitir se impongan mordazas ni a la Prensa ni a aquellas instituciones con legitimación activa, ni a la ciudadanía sobre las acciones de las agencias de gobierno y sus funcionarios ”, concluyó el representante de Caguas.
