BUENOS AIRES (AP) — Cientos de personas se movilizaron el viernes en Buenos Aires para exigir justicia por los cuatro jóvenes de entre 13 y 22 años que murieron durante una persecución policial en una tragedia que reabrió el debate sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en Argentina, pendiente desde el retorno de la democracia hace casi cuatro décadas.
“Basta de gatillo fácil”, fue la consigna de la marcha hacia la plaza de Mayo, frente a la sede de gobierno, encabezada por familiares de víctimas del accionar policial.
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“Esta marcha salió en 30 horas, una locura… Dijimos que teníamos que salir para pedir justicia por los pibes (jóvenes)”, expresó consternada Mónica Alegre, madre de Luciano Arruga, un adolescente que desapareció en 2009 tras ser detenido por la policía y que fue hallado sin vida en 2014.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires desafectó a 13 policías, entre los que cuales siete fueron detenidos por el episodio ocurrido en la localidad de San Miguel del Monte, a unos 120 kilómetros el sur de la capital argentina.
Gonzalo Domínguez, de 14 años; Camila López, Danilo Sansone y Rocío Guagliarello, de 13 años, eran amigos y compañeros de escuela. En la madrugada del lunes salieron a pasear en el vehículo conducido por Aníbal Suárez, de 22 años, conocido de ellos.
Por motivos que están bajo investigación, una patrulla policial comenzó a perseguirlos y disparó contra ellos. El automóvil se estrelló contra el acoplado de un camión. Cuatro de los ocupantes murieron en el acto. Guagliarello está internada en estado grave y con pronóstico reservado, según el parte médico difundido el viernes.
Apenas ocurrido el hecho, la policía local se justificó alegando que se había reportado la presencia de un auto sospechoso con características similares al de Suárez y que una vez interceptado se le pidió parar, pero el conductor no se detuvo y comenzó la persecución.
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“Tenemos determinado que las muertes se produjeron por la colisión y que la misma fue derivada por la velocidad y desestabilización del vehículo, generada por la persecución y los disparos; eso está acreditado y comienzan a sumarse pruebas”, reveló el viernes el procurador general de Buenos Aires, Julio Conte Grand.
Los peritajes confirmaron que la bala en el cuerpo de una de las víctimas y otros cuatro casquillos encontrados en el lugar fueron disparados por las armas de dos de los policías detenidos.
“No había ningún motivo para que disparen. Es incorrecto que se puede disparar cuando te dan la voz de alto y no frenas”, aclaró Conte Grand.
“Basta de gatillo fácil, basta de represión. No es un solo policía, es la institución”, cantaron los manifestantes de organizaciones políticas y sociales mientras se dirigían hacia la Plaza de Mayo. Allí a fines de los años 70 surgieron las Madres de Plaza de Mayo para reclamar por sus hijos desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
“Basta de matar al pueblo, basta de seguir matando a los jóvenes. Este país tiene que dar una imagen de un país que no tiene impunidad para estos crímenes, tienen que ir a la cárcel todos los que torturan y matan”, afirmó Nora Cortiñas, una de las fundadoras de ese grupo y que tomó la palabra para dar cierre a la protesta.
Organizaciones políticas y sociales atribuyeron la tragedia a la doctrina de seguridad de “mano dura” que sostiene el gobierno del conservador Mauricio Macri y que, según ellos, alienta a las fuerzas de seguridad a cometer excesos.
Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal durante la actual gestión de Macri, una cifra que no es reconocida por las autoridades.
La discusión sobre el rol y doctrina que debe guiar a la policía y fuerzas federales está pendiente en Argentina desde el retorno de la democracia en 1983 que puso fin a un largo período de dictaduras militares y abusos a los derechos humanos.
