El sindicato PROSOL-Utier denunció que la controversia causada por la compra de los drones anaranjados a $500 cada uno es “solo la punta del iceberg”, a la vez que alegaron que el Gobierno busca privatizar la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), como se especifica en el plan fiscal de la corporación pública.
Héctor Neris, vicepresidente del sindicato, recordó que el plan fiscal propone “transformar la organización de un desarrollador de infraestructura interno, a una gestor de contratos”. Los empleados de la ACT indicaron que, recientemente, se llevó a cabo la segunda fase del programa de renuncias voluntarias y que de 800 empleados, quedan 350 aproximadamente.
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Estos denunciaron que el programa de renuncias voluntarias no cumple con su propósito porque finalmente los contratistas privados reclutan a esas mismas personas para empleos temporales.
Señalan contratos a empresas privadas
Asimismo, diversos líderes sindicales aseguraron que la corporación ha otorgado contratos a diversas empresas, entre ellas CSA Arquitect and Engineering por hasta un millón de dólares mensuales para labores de servicios profesionales de ejecución de proyectos.
“La agencia tiene capacidad de producir ingresos millonarios y administrar otros de naturaleza federal que impactan la industria de la construcción; sin embargo, los políticos y el mercado la han quebrado”, opinó Ángel Pinto, presidente del capítulo del Programa de solidaridad de UTIER en la ACT.
Asimismo, Luis Pedraza, presidente del sindicato, opinó que de “esta capacidad de pago se han beneficiado empresas privadas que ofrecen servicios de consultorías, cobro y manejo del peaje en los expresos, asesores legales, contratistas de estudios y mantenimiento de las autopistas, entre otros”.
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Por otro lado, los líderes sindicales también recalcaron que se está comprando asfalto a precios mayores a los que se registran en promedio en el mercado.
Sobre este particular, Juan José Díaz Díaz, portavoz de la Autoridad de Carreteras y Transportación, expuso que “Abriendo Caminos no solo busca que se reparen las carreteras en todo Puerto Rico, sino que los trabajos sean de la más alta calidad, cuestión de que las carreteras duren y no suceda como en años anteriores que, en poco tiempo, se dañaban. Eso conlleva un costo que es mayor al que se daba antes”.
“Comprendemos y respetamos total y absolutamente la labor de los líderes de la unión para reclamar por sus afiliados. Eso nunca lo hemos, ni vamos a cuestionar. Sin embargo, del reclamo legítimo para convencer a la agencia de que ciertos trabajos los haga con el personal que ellos representan, al señalamiento como si hubiera algún acto ilegal o impropio, hay una distancia enorme. Nuestro norte es lograr transformar nuestro sistema vial hasta convertirlo en uno de clase mundial”, agregó.
El pasado año tras la asignación de los fondos para reparación de carreteras tras los huracanes Irma y María algunos legisladores pidieron dar seguimiento al llamado “cartel del bitumul” en la isla, tras la investigación de 2016 que confirmó irregularidades en la compra de asfalto líquido. Sin embargo, no se ha realizado una nueva investigación.
