El sindicato PROSOL Utier denunció que la controversia causada por la compra de los drones anaranjados a $500 cada uno es “solo la punta del iceberg”, a la vez que agregaron que el Gobierno busca privatizar la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) como se especifica en el plan fiscal de la corporación pública.
Héctor Neris, vicepresidente del sindicato, recordó que el plan fiscal propone “transformar la organización de un desarrollador de infraestructura interno a una gestor de contratos”. Los empleados de la ACT indicaron que recientemente se llevó a cabo la segunda fase del programa de renuncias voluntarias y que de 800 empleados quedan 350 aproximadamente.
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Estos denunciaron que el programa de renuncias voluntarias ha mermado la cantidad de empleados de la ACT, quienes son contratados posteriormente por los contratistas privados para empleos temporeros.
Señalan contratos a empresas privadas
Asimismo, diversos líderes sindicales aseguraron que la corporación ha otorgado contratos a diversas empresas, entre ellas CSA Arquitect and Engineering por hasta un millón de dólares mensuales para labores de servicios profesionales para ejecución de proyectos.
“La agencia tiene capacidad de producir ingresos millonarios y administrar otros de naturaleza federal que impactan la industria de la construcción, sin embargo, los políticos y el mercado la han quebrado”, opinó Angel Pinto, presidente del capítulo del Programa de solidaridad de UTIER en la ACT.
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Asimismo, Luis Pedraza, presidente del sindicato opinó que “podemos citar como ejemplos el Tren Urbano, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Autoridad de Transporte Marítimo y la Autoridad de los Puertos, agencias que fueron y son subsidiadas por la ACT. De esta capacidad de pago se han beneficiado empresas privadas que ofrecer servicios de consultorías, cobro y manejo del peaje en los expresos, asesores legales, contratistas de estudios y mantenimiento de las autopistas entre otros”.
El líder sindical agregó que en 2014 PROSOL presentó una propuesta a la corporación para alcanzar economías de hasta $300 millones por concepto de actividades que se realizan vía subcontratación y los empleados de la ACT pueden realizar. Sin embargo, Pedraza sostuvo que no fueron escuchados.
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Por otro lado, los líderes sindicales también recalcaron que la compra de asfalto es mayor a los precios que se registran en promedio en el mercado.
Sobre este particular, Juan José Díaz Díaz, portavoz de la Autoridad de Carreteras y Transportación, expuso que “Abriendo Caminos no solo busca que se reparen las carreteras en todo Puerto Rico, sino que los trabajos sean de la más alta calidad, cuestión de que las carreteras duren y no suceda como en años anteriores que en poco tiempo se dañaban. Eso conlleva un costo que es mayor al que se daba antes”.
Justifican inversión
“Comprendemos y respetamos total y absolutamente la labor de los líderes de la unión para reclamar por sus afiliados. Eso nunca lo hemos ni vamos a cuestionar. Sin embargo, del reclamo legítimo para convencer a la agencia de que ciertos trabajos los haga con el personal que ellos representan, al señalamiento como si hubiera algún acto ilegal o impropio, hay una distancia enorme. Nuestro norte es lograr transformar nuestro sistema vial hasta convertirlo en uno de clase mundial. Eso ha requerido invertir más dinero, comprar materiales de más calidad y utilizar técnicas que puede ser más costosas, pero que garantizan la estabilidad y durabilidad de las carreteras. Puerto Rico merece carreteras de calidad y eso cuesta. Sin embargo, hemos sido bien rigurosos para velar por que cada centavo de fondos públicos sea bien utilizado”, agregó Díaz Díaz.