Todo apunta a que, en la próxima semana, el proyecto que viabilizará una industria de apuestas deportivas contará con el respaldo suficiente de los legisladores para mantenerse con vida.
Así lo aseguró Nestor Alonso, representante novoprogresista y autor de la medida de la Cámara de Representantes 2038, quien añadió que el proyecto tendrá unas enmiendas “sustanciales” tras negociaciones con el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) el representante Antonio “Tony” Soto.
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Inclusive, Alonso indicó que hoy se reunirá nuevamente con su homólogo para discutir las enmiendas finales al proyecto.
Alonso, por su parte, descartó que el proyecto no tenga los votos suficientes para llegar al hemiciclo de la Cámara de Representantes.
“El proyecto tiene los votos. El proyecto ha llamado mucho la atención de mucha gente, pero queremos hacer un proyecto responsable y, sobre todo, mejorado, de lo que yo había radicado”, sostuvo el también presidente de la Comisión de Turismo y Bienestar Social en entrevista telefónica con Metro. Agregó que podrían con entre 30 a 32 votos a favor. El legislador reconoció las diferencias que tienen con el proyecto el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez, José Aponte y María Charbonier.
“El presidente lo ha discutido conmigo, de hecho, le mencionó a todos los representantes que él tenía su posición, pero no iba a ser un voto amarrado a un caucus o algo así”, apuntó.
Enmiendas a granel
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Alonso, asimismo, detalló las enmiendas que fueron parte de las negociaciones con Soto. Explicó que la Comisión de Apuestas —creada bajo esta medida— estará compuesta de cuatro integrantes del Gobierno y tres de la empresa privada.
La primera versión del proyecto establecía que cinco miembros serían del Gobierno, y dos, del sector privado. Precisó, además, que dentro de las enmiendas se acordó dejar fuera al Departamento de Recreación y Deportes (DRD) para abrirle paso a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), quienes, de acuerdo con Alonso, es la que “va a fiscalizar y regular las apuestas y los casinos en la división de juegos de azar”. Junto a OCIF estarán representantes de Sistemas de Información del Gobierno, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico y Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).
De acuerdo con Alonso, la inclusión de la agencia “da garantía y seguridad a la gente de que no estamos aumentando los juegos de una manera al garete, sino responsablemente con todas las protecciones que podamos tener”, expuso.
Según el legislador, otra enmienda que incluirá la pieza legislativa será la cantidad de impuestos que se le cobrará a esta industria. Comentó que el impuesto a cobrarse por juego presencial será de 7 %, mientras que el impuesto por jugar mediante internet será de 12 %.
Originalmente, Alonso propuso una tasa de 6 % y 11.5 %, respectivamente. El legislador añadió que, con los cambios, ahora los municipios recibirán un 10 % de los recaudos para que se utilicen en el fondo de obras y mejoras permanentes. Previamente, el 10 % para los municipios estaba contemplado para las aportaciones a ASES. Sin embargo, tras la firma del gobernador, del Proyecto 1258, los municipios quedaron exentos de aportar a este fondo.
Descarta exclusividad
Alonso, por su parte, reiteró su rechazo a la propuesta de la Asociación de Hoteles para que las apuestas deportivas solo puedan efectuarse en casinos. De hecho, anticipó que en la reunión de hoy con Soto, discutirán la posibilidad de que la medida pueda ampliarse a otros comercios, como gasolineras y sports bars. El proyecto actual propone que se puedan realizar apuestas deportivas en casinos, hipódromo, galleras, agencias hípicas y a través de internet. Metro intentó obtener una reacción de la Asociación de Hoteles, pero al cierre de esta edición no fue posible.
Se abren las compuertas
Durante el debate de vistas públicas, la gran mayoría de los deponentes avaló la medida. Y aunque el debate se ha centrado en los recaudos para las arcas gubernamentales, está por verse el impacto que tendrá en el negocio deportivo, especialmente en los jugadores y en las ligas profesionales.
La presidenta del Comité Olímpico (COPUR), Sara Rosario, patrocinó la medida en vistas públicas, no sin antes señalar que se debe velar por la integridad de las disciplinas deportivas. Recomendó que no se debe permitir a que los atletas apuesten en sus propias competiciones o proveer información privilegiada. Similar reclamo realizó Tony Clark, presidente de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLB) al reaccionar a la decisión judicial de 2018 que permitió las apuestas en los estados.
Antes de la decisión de Murphy v. NCAA, resultaba incierto el apoyo de las ligas profesionales. Sin embargo, tras la determinación judicial, ligas como la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y la Liga Nacional de Hockey (NHL) han formalizado acuerdos con la casa de apuestas MGM Resorts. Incluso, canales deportivos como ESPN y la aplicación Bleacher Report lanzaron secciones dedicadas a las apuestas deportivas.
Según la pieza legislativa 2038, el estudio que comisionó el Gobierno arrojó que las apuestas deportivas, tanto físicas como por internet, pudieran generar entre $44 y $62 millones anuales.
