El principal oficial financiero del Gobierno de Puerto Rico, Raúl Maldonado, anunció un protocolo para solicitar y acceder a información pública relacionada con los planes fiscales y a la Ley federal Promesa, que establece procesos de un mínimo de 10 días para que el Gobierno evalúe las peticiones.
Precisamente, Maldonado ha sido demandado por el Centro de Periodismo Investigativo al no dar acceso a los planes de implementación relacionados con el plan fiscal. Según el protocolo anunciado por el funcionario, las peticiones deben hacerse por correo electrónico exclusivamente y deben identificar específicamente el título o clasificación de los documentos solicitados de manera particularizada. EL CFO tiene 10 días para evaluar la solicitud y determinar si los documentos solicitados son de naturaleza pública. Los 10 días se pueden extender. Si se denegara la solicitud, expresará las razones legales para la denegatoria, incluyendo pero no limitándose a la invocación de un privilegio evidenciario.
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El Centro de Periodismo Investigativo reacciona:
“El protocolo arbitrario para pedir los documentos relacionados a los planes fiscales que ha emitido la oficina del Chief Financial Officer (CFO) es un ataque a la presunción constitucional de acceso y publicidad de la información. Es un intento de limitar este derecho, caso a caso, sin establecer con claridad cuáles son los documentos sujetos al protocolo, ni criterios de por qué, ni cuántas veces el gobierno puede extender el término, ni qué puede hacer el ciudadano para impugnar esa extensión. Es una limitación del derecho de acceso a la información permitir acceso solo a quienes conozcan de este aviso y solo al quienes tengan un email. Y a la vez, es limitante que no se permita hacer peticiones por medios que no sean un email.
Rechazamos esta medida unilateral y le recordamos al CFO el compromiso con el que fue electa esta administración, de un gobierno abierto y que impulsaría la publicación proactiva de la información que genera el Estado. Cuando sea necesario, desde el Centro de Periodismo Investigativo, retaremos este intento de controlar la información pública, usando el derecho constitucional de acceso que nos asiste y que hemos hecho valer en más de una decena de casos”, expresó Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo en declaraciones escritas.
