La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció que el gobernador Ricardo Rosselló firmó una pieza legislativa que enmienda la Ley de Tránsito con disposiciones que según dispuso el Tribunal Supremo de Estados Unidos serían inconstitucionales.
Según la ACLU se trata de una ley que obliga a un chofer a someterse a una prueba de sangre para detectar el nivel de alcohol en su cuerpo, aun cuando ya se había sometido a la prueba de aliento y no arrojó el porciento de alcohol proscrito por ley.
PUBLICIDAD
De acuerdo con la Unión, el proyecto se convirtió en ley mediante la firma del gobernador hace menos de una semana.
“Dichas enmiendas adolecen de serias deficiencias tanto bajo la Constitución de Estados Unidos como la Constitución de Puerto Rico. Entre ellas, violaría el derecho de toda persona a estar libre de registros y allanamientos irrazonables, el derecho a la privacidad y autonomía, el debido proceso de ley que cobija a todos los acusados; y, posiblemente plantée una violación a la doctrina de separación de poderes”, expresó la ACLU en declaraciones escritas.
La organización sostiene que “según el Tribunal Supremo de Estados Unidos, tomar sangre del cuerpo de una persona es altamente intrusivo y violatorio al derecho a la privacidad, por lo que se requiere una Orden Judicial basada en causa probable. No puede existir causa probable si el chofer no arrojó un porciento de alcohol en la sangre que exceda los límites impuestos por la Ley de Tránsito; en dicho caso lo que procede es permitir que el chofer siga su camino. De existir alguna otra evidencia independiente que sirva de causa probable, el oficial está obligado a conseguir una Orden Judicial para la toma obligatoria de una prueba de sangre”.
“La Ley de 24 de mayo de 2019, que enmienda la Ley de Tránsito de Puerto Rico es inconstitucional en cuanto a los aspectos expuestos anteriormente; le corresponderá a los tribunales pasar juicio sobre la misma. Mientras tanto, estamos seguros de que abogados y abogadas criminalistas harán los planteamientos necesarios para suprimir toda aquella evidencia que se obtenga de forma inconstitucional. El gobierno no puede continuar violando la constitución en la consecución de sus políticas públicas erradas”, sentenció.
