SAN FRANCISCO (AP) — El presidente Donald Trump tiene prisa para construir un muro en la frontera con México, con miles de millones de dólares conseguidos con su declaración de emergencia nacional, pero primero debe tener el visto bueno de los tribunales.
Un juez federal en Oakland, California, escuchó argumentos el viernes en dos demandas que pretenden impedir que la Casa Blanca gaste dinero de los departamentos de Defensa y del Tesoro en la construcción del muro.
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Los gobiernos de California y otros 19 estados entablaron una demanda, y el grupo ambientalista Sierra Club y la Southern Border Communities Coalition, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles, interpusieron la otra.
Los demandantes le pidieron al juez federal de distrito Haywood S. Gilliam Jr. que bloquee la canalización de fondos y la construcción del muro. Quieren una decisión rápida, argumentando que algunos de los proyectos financiados por el Pentágono podrían comenzar en ocho días.
Gilliam dijo que emitirá una decisión la semana próxima.
En otro caso, un juez federal en Washington analizará el jueves un intento de la Cámara de Representantes de impedir que Trump utilice fondos del Departamento de Defensa para el muro.
En juego están miles de millones de dólares que le permitirían a Trump conseguir avances en su emblemática promesa electoral mientras se encamina a su campaña para un segundo mandato presidencial.
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Los adversarios del presidente dicen que la declaración de emergencia fue un intento ilegal de pasar por encima del Congreso, que había autorizado fondos para el muro, pero mucho menos de los que quería Trump.
El presidente aceptó a regañadientes la aprobación en el Congreso de 1.375 millones de dólares para poner fin en febrero a un cierre del gobierno federal que se había extendido por 35 días, pero declaró la emergencia nacional casi al mismo tiempo. La Casa Blanca dice que ha identificado hasta 8.100 millones de dólares que podrían ser gastados en el proyecto.
Las acciones de Trump “equivalen a una usurpación de los poderes legislativos del Congreso en violación de los principios fundamentales de separación de poderes establecidos por la Constitución”, escribieron los fiscales generales de los estados demandantes.
El gobierno de Trump argumenta que el presidente está protegiendo los intereses de seguridad nacional en una época en que un número sin precedentes de familias centroamericanas llegan a la frontera con México para solicitar asilo.
“El creciente número de migrantes, el mayor en más de una década, ha puesto una presión tremenda sobre los limitados recursos del Departamento de Seguridad Nacional y ha exacerbado los riesgos para la seguridad fronteriza, la seguridad pública y la seguridad de los propios migrantes”, afirmó el Departamento de Justicia en un documento ante la corte.
Las disputas legales están llevándose a cabo en medio de una intensa actividades para acelerar la construcción del muro. El subsecretario de Defensa Kenneth Rapuano dijo el mes pasado en una declaración en los tribunales que el trabajo en los proyectos de mayor prioridad financiados por el Pentágono _ en Yuma, Arizona, y en Nuevo México _ pudiera comenzar el 25 de mayo.
El Departamento de Defensa transfirió 1.000 millones de dólares a las arcas del muro fronterizo en marzo y otros 1.500 millones la semana pasada. Patrick Shanahan, secretario de Defensa interino, podría decidir en los próximos días si transfiere otros 3.600 millones de dólares.
El mes pasado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército concedió un contrato por 789 millones de dólares a SLSCO Ltd. de Galveston, Texas, para reemplazar 74 kilómetros (46 millas) de barreras en Nuevo México, pagado con fondos del Pentágono.
La empresa Barnard Construction Co. de Bozeman, Montana, ganó el miércoles un contrato por 141,8 millones de dólares para sustituir 8 kilómetros (5 millas) en Yuma y 24 kilómetros (15 millas) en el sector de El Centro, California.
Por su parte, Southwest Valley Constructors, de Albuquerque, Nuevo México, obtuvo un contrato por 646 millones de dólares para reemplazar 101 kilómetros (63 millas) en el sector de Tucson, Arizona. El Departamento de Defensa es el que financia todos esos proyectos, y se prevé que la construcción comience en 45 días.
En otro suceso esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional emitió dispensas de impacto ambiental y de otro tipo para reemplazar secciones del muro en California y Arizona, amparado en una ley que le da al secretario amplios poderes para determinar las especificaciones de la construcción.
Las exenciones ambientales abarcan un tramo de 24 kilómetros (13 millas) en El Centro que es financiado con las asignaciones del Departamento de Seguridad Nacional para 2018 y fue concedido en un contrato a SLSCO el año pasado. El gobierno dijo que la construcción en ese proyecto podría comenzar incluso el sábado.
Además de California, otros estados que participan en las impugnaciones legales son Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia y Wisconsin.
