La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Colegio de Abogados y Abogadas protagonizaron ayer la segunda vista pública del proyecto del Senado 1253 que establecería la “Guía para la protección de la libertad religiosa”.
Ambas organizaciones se pronunciaron en contra porque “un derecho constitucional no se debe aplicar por encima de los demás derechos constitucionales, creando una situación discriminatoria para grupos marginados”.
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El martes, en la primera vista pública, solo representantes de los Departamentos de Justicia y Salud defendieron la medida, que fue producto de un “consenso” impulsado por el gobernador Ricardo Rosselló tras vetar un proyecto de ley para los mismos fines.
“Parece que no habrá Ley de Libertad Religiosa”, dijo el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez, luego de que la Comisión senatorial de Revitalización Social y Económica, presidida por Zoé Laboy, dejó en evidencia que la medida no ofrece garras que garanticen el otorgamiento de servicios a todos los individuos sobre cualquier “acomodo razonable” para los servidores públicos religiosos. Los ejemplos se concentraron en la comunidad LGBT.
