El verano se asoma con un riesgo para miles de puertorriqueños, que podría tener grandes repercusiones en el país: un alza en ejecuciones hipotecarias que supera las cifras oficiales, advirtió ayer la organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), a la vez que hizo un llamado al Gobierno a tratar el asunto como una emergencia nacional.
Cifras de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) señalan que, en los primeros dos meses de 2019, se han ejecutado 459 viviendas, que se traducen a 9 o 10 por día, comparado con 16 residencias diarias en 2017. Pero este número no toma en cuenta, por ejemplo, los casos atendidos en el tribunal federal de quiebras.
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La directora ejecutiva de ALPR, Ariadna Godreau Aubert, junto al abogado y profesor Ricardo Ramos, director de la Clínica sobre Ejecuciones de Hipotecas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), señaló ayer que la merma en casos divulgada por OCIF es “artificial” y que el total de viviendas en riesgo podría alcanzar las 250,260. Los abogados resaltaron que podría representar entre un 17 % y 25 % de la población.
Ambas partes se unieron para analizar cifras más amplias, incluidas las hipotecas con más de 90 días de atraso; quiebras, cuentas vendidas a otras instituciones financieras, propiedades en subasta, en ejecución, sometidas al tribunal federal, y en moratoria de pagos. Las mismas instituciones bancarias han reconocido públicamente que se acerca un alza en ejecuciones debido al levantamiento de moratorias tras el paso de los huracanes Irma y María.
La situación empeora por la falta de orientación por parte de los mismos bancos, subrayaron. Para ALPR, no es sorpresa recibir al menos una llamada semanal de ciudadanos al borde del suicidio en medio de una crisis de este tipo.
Herramientas de apoyo
La organización levantó un “protocolo de primeros auxilios” al que organizaciones e individuos pueden acceder a través de www.ayudalegal.com. Ante la rapidez del proceso, hicieron un llamado a aquellos en riesgo de una ejecución hipotecaria a que identifiquen de inmediato recursos de apoyo. Pueden comunicarse al 787-957-3106 para orientación.
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Ramos sugirió llevar una bitácora de cada llamada y cada gestión que se haga y, sobre todo, que los ciudadanos recuerden que “el dueño es usted, no el banco. Hay unos derechos que tienen que respetarse”.
La ALPR hizo un llamado al Gobierno a declarar un estado de emergencia nacional y levantar una estrategia que incluya paralizar todos los procesos y convocar una Comisión Especial para atender la crisis.
