La senadora Zoé Laboy advirtió ayer que, con poca probabilidad, emitirá un informe positivo sobre el proyecto senatorial 1253 que establece las “Guías para la protección de la libertad religiosa”, retomando la medida que el gobernador Ricardo Rosselló vetó en febrero del año pasado, pero luego él mismo resometió por un acuerdo con diversos sectores.
Ese fue el resultado del primer día de vistas públicas, en los que solo defendieron la medida los representantes del Gobierno a través del Departamento de Justicia y el Departamento de Salud. Los deponentes no pudieron precisar las herramientas que provee el proyecto para garantizar el otorgamiento de servicios a, por ejemplo, comunidades rechazadas por algunos sectores religiosos, como la comunidad LGBT.
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A preguntas de Laboy, el licenciado Daniel Vélez, de Justicia, dijo que “nadie puede negarle servicios a una persona”, y que se denegará el acomodo razonable si no hay otro empleado que pueda ofrecer el servicio. Pero eso no queda constatado en la medida.
La jurisprudencia que citó Justicia para justificar su apoyo no brinda ejemplo alguno de “acomodo razonable” que permita negar servicios a un tercero directamente, destacó Laboy. Todos hacen referencia al derecho de un individuo a manifestar su religiosidad en cualquier espacio, pero siempre sobre sí mismo. Algunos ejemplos son la vestimenta y horarios de trabajo. Pero sobre eso ya hay legislación y jurisprudencia vigente, destacó Amarilis Pagán, del Comité Amplio para Búsqueda de la Equidad (CABE).
“La reforma laboral expresamente provee un acomodo razonable por motivos religiosos”, destacó Pagán.
Laboy solicitó al Departamento de Justicia que, en un periodo de cinco días, presente un documento con un lenguaje que permita establecer límites al “acomodo razonable” o un mecanismo de ejecución para garantizar el otorgamiento de servicios sin discrimen alguno.
Otra bandera roja que levantaron fue una disposición que establece que “[e]l Gobierno no puede cuestionar la razonabilidad de una creencia religiosa”.CABE resaltó, además, que la medida otorgaría prioridad a organizaciones religiosas a la hora de asignar fondos para servicios, ya que establece que “será política pública la promoción y el desarrollo de un nuevo modelo de prestación de servicios, que promueva la participación activa del tercer sector y organizaciones con base de fe”.
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Al final, concluyeron, de convertirse en ley, establecería una jerarquía entre derechos, en la que la libertad religiosa triunfa sobre el derecho a no ser discriminado.
También depuso en contra el profesor de Antropología Juan Caraballo Resto y la expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, Ana Irma Rivera Lassén. Laboy insistió en cuestionar a cada uno de ellos si el proyecto es enmendable o si se trataba de un caso en el que es necesario enmendar y ceder en ciertas cosas para garantizar otras. Todos coincidieron en que no es enmendable porque las partes que no son discriminatorias son jurisprudencialmente redundantes.
Ausentes líderes religiosos
Los pastores René Pereira y Ricky Rosado no participarían del tercer panel de la vista. “Aun cuando se le invitó y solicitó ponencia, no envió ponencia ni se excusó”, dijo Laboy sobre el primero. Tampoco compareció el arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González Nieves, pero se excusó esta misma tarde por estar fuera de Puerto Rico. Una agrupación llamada “Fieles a la Verdad” envió ponencia, pero no llegó al Capitolio. Al lugar sí llegó el Colectivo Interreligioso de Mujeres de Puerto Rico y Wiccanos y Paganos de Puerto Rico. En ambos casos se opusieron a la medida.
