Abiertas las puertas al discrimen con nuevo proyecto de libertad religiosa

Deponentes de los departamentos de Justicia y Salud no pudieron precisar en vista pública las herramientas que provee el nuevo proyecto de ley sobre libertad religiosa para garantizar que, por ejemplo, personas con orientación sexual o identidad de género diversos reciban ciertos servicios por encima del acomodo razonable que se le podría brindar a servidores públicos.

“Nadie puede negarle servicio a una persona”, defendió el licenciado Daniel Vélez, director de litigios del Departamento de Justicia. “No es posible, ese empleado se lo tiene que dar. Le vamos a denegar ese acomodo razonable”, explicó que sucedería ante una situación en la que no haya más empelados disponibles para dar el servicio.

Algunos ejemplos que presentó la senadora Zoé Laboy fueron los de un policía que se niegue a atender un caso de violencia doméstica por tratarse de una pareja del mismo sexo, o procesar documentos y generar certificados en el Registro Demográfico (RD).

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La jurisprudencia que citó Justicia en su ponencia no brinda ejemplo alguno de “acomodo razonable” para negar directamente servicios a un tercero, destacó Laboy. Todos hacen referencia al derecho de un individuo a manifestar su religiosidad en cualquier espacio, pero siempre sobre sí mismo, como en cuanto a vestimenta, horarios de trabajo, entre otros. Contra eso no hubo objeciones hoy en la salón de audiencias Miguel García.

Laboy solicitó al Departamento de Justicia que, en un periodo de cinco días, presente un documento con un lenguaje que permita establecer límites o un mecanismo de ejecución para garantizar la otorgación de servicios sin discrimen alguno.

Por otra parte, según el Departamento de Salud, en las oficinas del RD hay entre uno a cuatro empleados. La asesora legal de la agencia, Alba Calderón, confirmó que no han tenido situaciones en las que empleados pidan no atender a parejas del mismo sexo u ofrecer servicios por razones religiosas, lo que a su vez hizo que Laboy cuestionara la necesidad de que se legisle sobre el asunto.

Los opositores del proyecto para prohibir las terapias de conversión citaban precisamente la falta de estadísticas sobre casos de víctimas como justificación para votar en contra.

A juicio de los portavoces de ambas agencias, quedaría en manos de las respectivas oficinas de recursos humanos y de los supervisores inmediatos establecer qué pasará cuando, por ejemplo, una persona transexual o transgénero llegue a una ventanilla del Gobierno a solicitar algún servicio y el empleado de turno invoque el acomodo razonable -que deberá solicitar “prontamente”, o antes de que ocurra un evento como este- y plantee que no brindará el sercicio.

El proyecto, tal como está, no obliga al empleado a brindar el servicio y es muy ambigüo al momento de hablar sobre garantías, destacó Laboy.

La senadora levantó también otras banderas rojas, como el hecho de que la medida plantea que el Estado no cuestionará la “razonabilidad” de cualquier creencia religiosa.

Hoy se lleva a cabo la primera vista pública de proyecto senatorial 1253, que fue el resultado del veto del gobernador Ricardo Rosselló al proyecto anterior para garantizar la libertad religiosa. Solo dos de los miembros de la Comisión de Revitalización Social y Económica estuvieron presentes, incluyendo a Laboy, quien la preside, y al independiente José Vargas Vidot.

“El asunto es tan ambiguo que el tribunal va a tener que estar definiendo los limites de la libertad religiosa”, resaltó Vargas Vidot. “De momento estamos abandonando el poder creativo de la Asamblea Legislativa porque se va a estar entrando y saliendo de los tribunales, en el ejercicio, para que el tribunal sea quien establezca la política”.

La vista continúa.