Aunque el Departamento de Educación mantiene los planes de arrancar en agosto un programa piloto de vales educativos, los gremios docentes mantienen su rechazo, asegurando que se trata de una práctica inconstitucional y de la que podrían acudir al foro federal.
El sábado, la agencia anunció que padres, maestros y comunidad escolar tendrán 30 días —hasta el 7 de junio— para comentar sobre el reglamento del programa que iniciará con un hasta 1 % de los alumnos.
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La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, sostuvo que “son inconstitucionales los vales. Es un mecanismo para favorecer la privatización de la educación sin garantizar que sea de mejor calidad. Es quitarles a los niños pobres del país la oportunidad de equidad”.
“Estamos buscando las alternativas para radicar una moción porque esos vales son inconstitucionales”, expresó Díaz al confirmar que será a nivel federal. Al momento no tienen fecha para radicar el recurso legal porque aún están en coordinación con abogados de la Federación Americana de Maestros (AFT, siglas en inglés).
En agosto pasado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó la inconstitucionalidad de los vales educativos y las escuelas chárteres.
La líder sindical apuntó a que el programa de vales es para “favorecer empresas privadas”, al revelar que Julia Keleher, mientras era secretaria, se reunió con un grupo de entidades y empresas para orientarlos sobre los vales, por lo que cuestionó si entonces se trata de entidades preseleccionadas. Esto, pese a que el reglamento dice que las escuelas podrán presentar su solicitud en un periodo de 2 semanas, del 17 al 28 de junio.
Mientras, la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, también planteó la inconstitucionalidad de esa gestión. “Ese reglamento, así como la Ley 85 completa hay que derogarlas. Con eso lo que buscan es subvencionar colegios privados”, argumentó Martínez. Aseguró que, como “muchos de los colegios están en quiebra, buscan beneficiarlos con el presupuesto”.
Con ella coincidió la presidenta de Educamos, Eva Ayala, quien aseguró que es para, presuntamente, favorecer a los colegios ante el desplome que experimentan en matrícula.
De acuerdo con el reglamento del programa piloto, los requisitos de los alumnos para participar del programa son estar matriculados en una escuela pública y haber cursado en su vida escolar al menos dos años en escuela pública. Además, tendrán prioridad los estudiantes con ingresos en nivel de pobreza, con discapacidades serias, alumnos adoptados, en albergues u hogares sustitutos, víctimas de bullying, acoso sexual y estudiantes dotados. Las solicitudes se recibirán en las primeras dos semanas de julio.
