A la búsqueda de nuevo jefe de Ética

El 30 de junio de este año, culmina el término de 10 años establecido en ley para ocupar la dirección ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), puesto que asumió Zulma Rosario Vega en 2009, bajo la gobernación de Luis Fortuño.

La Ley de Ética Gubernamental de 2011 establece que le corresponde a la secretaria del  Departamento de Justicia, en este caso Wanda Vázquez Garced, convocar a todos los exjueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico para que recomienden al gobernador una lista de, al menos, tres posibles candidatos. Justicia todavía no los ha convocado, confirmó su portavoz de prensa.

“Nada de lo aquí dispuesto se entenderá como una limitación a la facultad constitucional del gobernador para ejercer con absoluta discreción su poder de nombramiento”, sostiene la Ley. Por el momento, Fortaleza no evalúa posibles sucesores. “Estamos conscientes del término”, se limitó a decir a preguntas de Metro el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira.

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El nombramiento requerirá, además, el consentimiento del Senado y la Cámara de Representantes.

“Uno pensaría que, a un mes, se están discutiendo posibles alternativas, se está consultando a una gente, se están considerando candidatos, se está circulando el nombre de esa persona para ver si goza del nombre o del prestigio”, opinó el experto en Administración Pública, Mario Negrón Portillo.

Si la administración no realizara ningún nombramiento, Rosario continuará en el puesto hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión.

La persona ideal

A juicio del representante Jorge Navarro Suárez, presidente de la Comisión de Gobierno, quien ocupe la silla deberá tener “honradez, verticalidad, todo lo que conlleva la ética”.

Si le tocara a él decidir, aseguró que volvería a nominar a Rosario, aunque la ley establece que en su artículo 2.2 que “[l]a persona designada para ocupar el cargo no podrá ser nombrada por más de un término”.

Para Negrón Portillo, por otra parte, “uno quisiera pensar que la persona que se nombre en esa posición sea una persona que tenga un historial, que tanga un peritaje reconocido. Que sea una persona que se haya distinguido por tener una experiencia en el campo de la ética. Que no pueda ser señalado o señalada como que no ha sido imparcial en sus actuaciones o que está abiertamente identificada con un partido político”.

“Pero la experiencia nos ha dicho que hay una diferencia entre lo que debía ser y lo que es, no solo en la oficina de ética, desgraciadamente”, agregó el profesor retirado.

En el caso de Rosario Vega,  fue ayudante del exgobernador Carlos Romero Barceló, quien luego la nombró secretaria de la Administración de Corrección.