Los municipios y las corporaciones públicas deberán alcanzar un acuerdo con el Gobierno central y el sistema de retiro para cumplir con las aportaciones correspondientes al sistema de retiro PayGo.
Así lo planteó Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), durante una mesa redonda con la prensa en la que indicó que, a pesar de la deuda con los municipios, aseguró que las personas continuarán recibiendo sus pagos por pensiones.
“Las partes tienen que resolverlo y necesitan resolverlo antes de que acabe el año fiscal. También reconozco que una variedad de esas diferencias se han resuelto, para algunas porciones pequeñas, lo único que sugerimos es que todos se sienten en un cuarto, resuélvanlo, lleguen a un acuerdo, documenten el acuerdo, y terminen con este problema antes de que culmine el año fiscal”, sostuvo. Jaresko también invitó al Gobierno central a promulgar un acuerdo entre las partes.
De acuerdo con la misiva que envió la JCF a Raúl Maldonado, principal oficial financiero del Gobierno y secretario de Hacienda, el municipio de San Juan debe alrededor de $72 millones al sistema PayGo —creado al amparo de la Ley 106 de 2017— mientras que Ponce adeuda cerca de $10 millones. Otros municipios que figuran como deudores al sistema del PayGo son Carolina, Cabo Rojo, Toa Baja, Mayagüez, Guaynabo, Arecibo, Bayamón, Caguas, Cayey, Santa Isabel y San Sebastián. La misiva también señala que 28 corporaciones públicas no han pagado su contribución al PayGo.
La semana pasada, en entrevista con Metro, Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan, denunció que estas aportaciones al sistema de PayGo podrían quebrantar las finanzas de los municipios.
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Mientras María “Mayita” Meléndez, alcaldesa de Ponce, precisó que esperan resolver la situación con el sistema del PayGo lo antes posible.
“Es un asunto que se debe resolver lo antes posible. El municipio ha estado en la mejor disposición de que se lleve a cabo esa reunión entre las partes para que esto no afecte al presupuesto municipal”, puntualizó.
No obstante, comentó que la obligación de los municipios de aportar al sistema PayGo resulta una imposición de gastos adicionales por parte del Gobierno central en los municipios. “El asumir estos gastos verdaderamente trasciende la obligación original”, expuso la ejecutiva del municipio sureño. Incluso, la ejecutiva municipal aclaró que, para pagar esta deuda, esperan recibir cerca de $11 millones de la contribución adicional especial, correspondiente al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) el cual destinarán al PayGo, una vez la Oficina de Gerencia y Presupuesto apruebe la entrega de fondos.
El alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez, también catalogó el sistema del PayGo como una imposición hacia los municipios.
A pesar de este reclamo, anticipó que también buscarán lograr un acuerdo para cumplir con las deudas del sistema de PayGo. “Vamos a cumplir con lo que tengamos que hacer para seguir echando los municipios hacia delante”, señaló Ramírez.
El sistema de contribución definida también experimenta una situación similar. La JCF, en la misma carta, advirtió que cerca de 20 municipios y siete corporaciones públicas no están remitiendo las retenciones de la nómina de los empleados para el sistema de contribución definida. Jaresko apuntó a que el dinero debe pagarse, según establece la ley.
“Tienen que ser pagados bajo la Ley de Puerto Rico. Esto no se trata de la Junta… Tienen que depositar la cantidad que se retuvo en el sistema de contribución definida”, explicó Jaresko.
Reclama transparencia
Jaresko, por su parte, reiteró que asignaciones de fondos de años anteriores no se pueden utilizar en este año fiscal. Asimismo, mencionó que la transparencia y la responsabilidad fiscal son fundamentales para la isla.
“Es preocupante que el Gobierno haya sometido varias resoluciones conjuntas a la JCF pidiendo autorizar cerca de $30 millones para gastar, que no eran parte del presupuesto certificado de la isla para este año fiscal”, expuso la directora ejecutiva.
El domingo, el ente fiscal invalidó estas resoluciones conjuntas y establecieron que deben pasar por el proceso del presupuesto establecido por la Ley Promesa.
Jaresko, inclusive, dijo que el Gobierno central no le especificó en qué se gastó ese dinero.
“Asumiendo que todos los $30 millones fueron gastados, —un ejemplo hipotético—, entonces necesitan encontrar $30 millones en ahorros en el presupuesto para balancearlo”, explicó.
Rechaza que sean “frívolas”
Además, Jaresko descartó que las demandas que presentaron contra bonistas y acreedores —por emisiones de deuda contrarias a la Constitución— sean “frívolas”
“No es frívola. La lista se hizo mirando a pagos hechos cuatro años antes de la insolvencia… Teníamos que presentar la demanda con todo lo que aparentó ser incongruente”, dijo.