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Reduce el tiempo de espera para ciertos permisos

Aunque continúan los retos en el otorgamiento de licencias a comerciantes, se ha observado una reducción en el periodo entre la solicitud y la adjudicación de permisos de construcción y de uso

Con medidas de integración regional y parámetros de eficiencia más estrictos, el Gobierno de Puerto Rico destacó que logró reducir el tiempo promedio de otorgamiento de los permisos de construcción y de uso en los pasados cinco años.

Según datos ofrecidos ayer en el Palacio de Santa Catalina, la adjudicación de permisos de construcción demoraban un promedio de 98 días en 2015, considerando la fecha de entrega de la solicitud y la fecha de otorgamiento. En 2018, ese lapso se redujo a 58 días y, en los primeros cuatro meses de este año, se calculó en  20 días.

En cuanto a los permisos de uso, en 2015 se gestionaban en un promedio de 23 días. El 2018 cerró con 14 días y, en lo que va de año, se calcula que apenas demoran 7 días. Estos datos no incluyen aquellos de las oficinas de permisos de los municipios.

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“Tenemos que tomar en cuenta que hay trámites que toman más tiempo cuando hay variaciones, [si] no cumple con la calificación. Pero, dentro de los números, está el promedio, que [incluyen] tanto al que tenemos ministerial como a uno que tenga variaciones”, explicó la directora ejecutiva de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), María Cintrón Flores.

Aunque se observa un adelanto en estos dos renglones, pequeños y medianos comerciantes quedan aún a la merced de un abanico de licencias que retrasan sus procesos, como constató el Centro de Periodismo Investigativo en un reportaje publicado ayer. En el caso de los inspectores de Salud Ambiental, por ejemplo, hubo una reducción de un 21 % en los pasados 10 años. La certificación de Salud Ambiental es expedida como parte del proceso de evaluación para el permiso de uso. Un patrón similar se observó en el Cuerpo de Bomberos.

Según el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, algunas de las medidas que han tomado para agilizar el proceso incluyen integrar las cuatro oficinas regionales y la central a través de grupos de trabajo “que están diseñados para ver una cantidad de casos y verificar qué casos están atrasados, qué cosas se necesitan, para entonces poder echar la bola a correr y asegurarnos de que el proponete tenga una respuesta”. También llevan a cabo reuniones semanales y arrecian los esfuerzos para establecer mejor comunicación con los proponentes.

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