Tras el acuerdo que alcanzó la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con un grupo de bonistas para reducir el monto de la deuda de la corporación pública, los consumidores podrían experimentar un aumento en su factura mayor a la estipulada en el convenio.
De esta forma, reaccionaron diversos figuras del sector energético y opinaron que el acuerdo podría resultar en una carga muy onerosa para los abonados de la corporación pública. Por un lado, para Tomás Torres Placa, representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la AEE, el acuerdo debe evaluarse conjuntamente con los cargos que contempla el Plan Integrado de Recursos, como, por ejemplo, el cargo por fondos de pensión. Agregó que el plan señala que el cargo para las pensiones es de dos centavos por kilovatio/hora y que al añadírsele este nuevo cargo —para subvencionar la deuda con los bonistas— se traducirá en una carga “muy pesada” para los consumidores. “El Plan Integrado proyecta que, en los próximos diez años, el promedio va a ser un aumento de 6.2 centavos”, apuntó.
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Entre otras cosas, el acuerdo —el cual fue suscrito por la Junta de Control Fiscal, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), el grupo Ad Hoc de bonistas de la AEE y la compañía aseguradora Assured Guaranty Corp.— espera reducir cerca de $3,000 millones de la deuda en un plazo de 10 años. Para poder pagarle a este grupo de bonistas, los consumidores sufragarán con un cargo de transición.
Según La Fortaleza, el nuevo cargo bajo el acuerdo comienza en, aproximadamente, 1 centavo por kilovatio/ hora antes de cerrar la transacción, incrementando a alrededor 2.768 centavos kilovatio/hora luego de cerrar y aumentando paulatinamente a, aproximadamente, 4.552 centavos por kilovatio/hora durante la vigencia de unos 40 años de los bonos.
“Puerto Rico necesita costos competitivos energéticos para echar la economía hacia adelante. Si ese fue el mejor acuerdo que se pudo conseguir, hay que buscar otros fondos estatales y federales para que la carga que conlleva —no solamente este acuerdo, sino las otras obligaciones de la AEE— no recaigan exclusivamente sobre el consumidor”, subrayó Torres Placa.
Por su parte, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), tronó contra el acuerdo y estimó que la baja poblacional conllevará a que los consumidores enfrenten otro aumento en el futuro debido a que no se alcanzarán las proyecciones. “Qué va a pasar de aquí a 15 a 20 (años) cuando la gente se vaya yendo [de la isla] y no exista el mismo consumo”, comentó el líder sindical.
Cuestionó, además, cómo este cargo a la tarifa afectará a aquellos abonados que opten por desconectarse del servicio de la AEE y adoptar modelos de energía renovable.
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“A la gente que se siga desconectando del sistema por energía renovable, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Les van a imponer un impuesto? El acuerdo es malo”, sostuvo.
A juicio del economista José Alameda, el acuerdo es perjudicial para los consumidores y beneficia únicamente a los bonistas, ya que será el consumidor quien subvencionará el pago para la deuda. Indicó que el convenio no supone un recorte significativo para la deuda de la corporación pública.
Mientras tanto, John Mudd, abogado experto en quiebras, favoreció el acuerdo alcanzado con ese grupo de bonistas.
“Estos son bonos asegurados… Por lo tanto, tienen un gravamen. El simple hecho que tu estés logrando que reduzcas el pago es bueno. Que si no es tanto como mucha gente quiere, eso son otros 20 pesos. Esos son bonos asegurados y que alguien me venga a decir a mí cómo tú obligas a alguien que tenga una acreencia asegurada a coger menos”, soltó el letrado.
Asimismo, anticipó que, “con toda probabilidad”, el acuerdo será aprobado por la jueza Laura Taylor Swain en el caso de reestructuración de la deuda, acorde con Título III de la Ley Promesa.
