Para evitarse un dolor de cabeza”, Wilfredo Cubero contrató a un profesional autorizado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) con el fin de obtener el Permiso de Uso para su negocio Piu Bello Gelato, ubicado en el centro comercial Plaza del Sol en Bayamón.
Su mayor contratiempo, actualmente, es que aún no tiene la licencia sanitaria requerida a todos los negocios de alimentos, porque un inspector del Departamento de Salud todavía no ha pasado por el negocio a realizar la inspección que se requiere.
PUBLICIDAD
Cubero sometió la solicitud para la licencia sanitaria el 23 de octubre de 2018 y no fue hasta cinco meses después, que un inspector del Departamento de Salud se comunicó con él para la inspección. En ese momento, la inspección no se pudo hacer porque el área donde está el negocio en el centro comercial estaba cerrada por remodelación. Desde marzo, sigue en la espera.
El empresario, quien tuvo un negocio previamente en Arecibo en 2016, recordó haber tenido que esperar por la licencia sanitaria, pero menos tiempo, ya que para entonces solo tardó tres meses en ser otorgada.
Nelson Reyes, creador del Modelo de Incubadora de Microempresas Comunitarias Solidarias (iMECs), aseguró que conoce muchos “relatos de horror” sobre el proceso de la otorgación de Permisos de Uso y de pequeños comerciantes de toda la isla que han tenido que esperar hasta seis meses para obtenerlo. Y es que, según la experiencia de Reyes, quien lleva más de 15 años formando microempresarios, el retraso en la adjudicación de los Permisos de Uso para los negocios radica en que Salud Ambiental y el Cuerpo de Bomberos no cuentan con los suficientes inspectores para emitir sus respectivas certificaciones. Ambas certificaciones son necesarias para que la OGPe, que tiene la última palabra, emita un Permiso de Uso.
El Departamento de Salud también tiene a su cargo la otorgación de la licencia sanitaria a negocios de comida, que también requiere la visita de un inspector al establecimiento, así como la emisión de etiquetas para alimentos elaborados.
En otro caso entrevistado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), en el cual el pequeño empresario pidió anonimato, este pagó renta sin poder operar su negocio durante 18 meses. Justamente ese tiempo tardó el proceso para recibir el Permiso de Uso y la licencia para el expendio de bebidas alcohólicas para un establecimiento donde se realizan eventos culturales, comunitarios y artísticos.
PUBLICIDAD
“Cuando teníamos todo sometido, pasaron seis meses en que no hubo ningún tipo de seguimiento. Al final, del mismo Municipio de San Juan, nos dijeron: ‘si tú le pagas a un gestor, probablemente esto te salga más rápido porque ellos tienen accesos que tú no vas a tener’”, sostuvo el pequeño empresario, quien inició la solicitud en Internet.
“En cuestión de dos semanas llegó el gestor con el Permiso de Uso en la mano”, agregó. Dos semanas más tarde recibió la licencia de alcohol, dijo.
El CPI constató una disminución en la cantidad de inspectores de Salud Ambiental de un 21% en los pasados 10 años. Salud Ambiental es una secretaría dentro del Departamento de Salud cuya responsabilidad está dirigida a la prevención y control de problemas de ambiente que afectan la salud pública.
En el 2012, había 132 inspectores de Salud Ambiental, mientras que para este año 2019 la cantidad es 104, según información provista por el Departamento de Salud (DS). En el caso de los permisos otorgados por Salud Ambiental, también se ve una disminución: en 2015 otorgaron 32,034, mientras que en lo que va de año solo han otorgado 8,881.
La certificación de Salud Ambiental es expedida como parte del proceso de evaluación de un Permiso de Uso para cualquier negocio. Igualmente, se exige el endoso de Bomberos, Salud Ambiental y Exclusión Categórica, que certifica que un proyecto o uso no tendrá un impacto ambiental significativo.
El DS aceptó que ha habido “una disminución progresiva” en la cantidad de inspectores de Salud Ambiental, pero dijo que están tomando medidas para que el servicio que brindan pueda continuar. “Actualmente, bajo los fondos de recuperación de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) hemos logrado, mediante propuestas, allegar personal para fortalecer nuestra plantilla y dar continuidad a las distintas funciones que nuestro personal realiza”, sostuvo Carlos J. Mercado Ruiz, de la Secretaría Auxiliar de Salud Ambiental.
En relación a la merma en los permisos otorgados, Mercado Ruiz expresó que “las disminuciones en permisos otorgados entre años pueden deberse a varios factores; por ejemplo, cierres de negocios (por remodelación o eliminación), procesos administrativos y/o de cumplimiento, entre otros”.
En el Cuerpo de Bomberos, por su parte, actualmente cuentan con 83 inspectores, según Karixia Ortiz, portavoz de prensa del Departamento de Seguridad Pública (DSP).
Sin embargo, José Tirado, presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, aseguró al CPI que son solo 70 inspectores de campo los que tiene actualmente Bomberos, y que hay otros 10 empleados que son supervisores y no trabajan inspeccionando. Tirado indicó que, en los pasados tres años, la cantidad de inspectores rondaba los 100, y que la disminución se debe a la congelación de plazas luego del retiro de los bomberos. Mencionó que en la región de Ponce tienen solo dos inspectores, por lo cual tienen 1,500 casos atrasados desde el año pasado. “Todavía están emitiendo certificaciones del año pasado”, agregó sobre esa región.
El líder sindical de los Bomberos recalcó que no cuentan con suficientes inspectores para la cantidad de trabajo que tienen, que además de emitir certificaciones a negocios, conlleva inspeccionar anualmente escuelas y hospitales, entre otros lugares públicos y privados, así como eventos multitudinarios.
Tirado también expresó que el sindicato está en contra de que los inspectores de Bomberos sean utilizados para emitir permisos de Salud, razón por la cual radicaron una querella y están dispuestos a ir al tribunal si no llegan a un acuerdo con la agencia. El líder sindical entiende que los bomberos no están adiestrados para emitir endosos relacionados a la salud, además de que conlleva una tarea adicional con un mismo salario. Hace alrededor de seis meses, a los bomberos le fue requerido hacer las inspecciones de Salud Ambiental, pero, tras la querella del Sindicato, la directriz se dejó sin efecto por el momento, indicó Tirado.
Víctor Hugo Rivera, presidente ejecutivo de la Alianza Desarrollo Comunitario Inc. que tiene una incubadora de empresas comunitarias, recuerda una especie de “manifiesto” que decoraba la fachada de una pizzería en Yabucoa luego del paso de María. El propietario explicaba cómo los problemas con los permisos provocaron que nunca llegara a abrir sus puertas. Rivera, quien lleva cinco años apoyando microempresarios, aseguró que aconseja a los participantes a establecer en sus planes de negocios que el Permiso de Uso, “en términos reales, puede tardar más de un año”. También, les aconseja a usar profesionales autorizados.
Para Jorge Argüelles Morán, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), el retraso en la otorgación de los Permisos de Uso es uno de los escollos que enfrentan los comerciantes hoy día. Explicó que los comerciantes tienen que hacer una inversión inicial para habilitar el lugar del negocio para poder cumplir con los requisitos de Salud Ambiental y Bomberos; sin embargo, el retraso de la inspección les resulta en pérdida de ingresos.
Lejos el “Permiso de Uso Único” prometido por Rosselló
Funcionarios de la administración de Ricardo Rosselló Nevares reconocen las deficiencias históricas del sistema de permisos a negocios, razón por la que en abril del 2017 se enmendó la Reforma de Permisos para alegadamente hacer el proceso más ágil y rápido.
A dos años de la firma de esta enmienda a la ley por Rosselló Nevares, su parte más importante, el “Permiso de Uso Único”, está todavía “en etapa de prueba”. El Permiso de Uso Único consolidaría la certificación de Prevención de Incendio, Salud Ambiental, licencias y autorizaciones en un solo documento y gestión.
A raíz de la firma de esta nueva versión de la Reforma de Permisos, se creó el Single Business Portal, que fue lanzado en enero del 2018 para sustituir el Sistema Unificado de Permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). El portal es manejado por la OGPe, agencia que fue movida bajo la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) el año pasado. Profesionales y comerciantes entrevistados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) entienden que la solicitud por medio del nuevo sistema en línea es ágil. El problema, según su experiencia, está en la tardanza en la adjudicación de los permisos. Sin embargo, ninguno de los tres intentos del CPI para registrarse en el portal, en ocasiones distintas y con correos electrónicos diferentes, fue exitoso.
El secretario del DDEC, Manuel Laboy, indicó que ante la llegada del Permiso Único, los cambios a la Reforma de Permisos y el desarrollo económico que llegaría con las Zonas de Oportunidad y los fondos de recuperación, comenzaron a adiestrar a los inspectores de DDEC, Bomberos y Salud Ambiental. En el adiestramiento está participando el Departamento de Hacienda, ya que el Permiso Único incluirá la licencia para vender tabaco y alcohol. Mencionó, además, que el DDEC tiene una subvención federal que permitirá la contratación de 98 inspectores.
“Para el año fiscal 2019, en términos de trámites radicados, adjudicados y pendientes, a nivel de la Oficina de Permisos, se han radicado un total de 50,218 trámites. De esos 50,218, a la fecha del informe, se habían adjudicado 44,061, quedaban pendiente 6,157. Me parece que esos números son positivos”, sostuvo el Secretario en referencia al Informe de Métricas.
Laboy sostuvo que el Permiso de Uso Único se encuentra en “una etapa de prueba”, principalmente para integrarlo al Single Business Portal.
“La razón por la cual no hemos podido sacarlo es que estamos asegurándonos de hacerle las pruebas pertinentes y que el sistema vaya a correr conforme como se diseñó”, agregó Laboy.
“El Permiso de Uso Único es una de las grandes apuestas que están dentro de la Reforma de Permisos para poder consolidar un montón de certificaciones, licencias, distintos requisitos que hoy por hoy se trabajan de forma fragmentada, pero integrándolas bajo un Permiso de Uso Único. Eso incluye, por ejemplo, que el Permiso de Uso va a incluir la certificación de Salud Ambiental, de Bomberos. Si es un negocio que necesita solicitar una licencia para vender alcohol, pues también estaría dentro del Permiso de Uso Único. Estamos hablando de sobre 60 trámites… que hoy por hoy se trabajan de manera separada, se estarían trabajando a través de ese Permiso Único”, indicó.
“La verdad, y no me gusta dar excusas, pero hay una realidad. La Ley de Permisos se aprobó en el primer semestre de 2017 y cuando empezábamos a hacer los planes para implementar todo esto, tanto la actualización del Reglamento Conjunto como lo que hay que hacer en el sistema de tecnología, eso se interrumpió por los huracanes. El énfasis y la prioridad era atender la emergencia. Ya a principios del 2018, se retoman todos los trabajos”, manifestó.
El funcionario añadió que el retraso en el lanzamiento del Permiso Único también se debe a que aún no han adoptado el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, que tienen que revisar y atemperar luego de las enmiendas a la Reforma de Permisos, y al paso del los huracanes Irma y María.
Aunque el Secretario no descartó que la cantidad de casos que todavía están sin adjudicar se deba a problemas del gobierno, responsabilizó a los ciudadanos proponentes por los atrasos.
“En muchos de los casos los proponentes no entregan los documentos a tiempo, los entregan incompletos o requieren mayor aclaración”, explicó.
¿Gestores o profesionales autorizados?
Ante los atrasos en la otorgación de Permisos de Uso y otros permisos por parte de la OGPe, entran en el juego los gestores, quienes según información recopilada por el CPI, pueden facturar hasta $2,000.
El Secretario del DDEC dijo desconocer si existe algún reglamento que regule a los gestores de permisos. El CPI constató con varios funcionarios y expertos que no existe ningún reglamento que regule la práctica.
Existe una diferencia importante entre un gestor de permisos y un profesional autorizado. Los profesionales autorizados están licenciados y capacitados por la OGPe para emitir permisos ministeriales, que no requieran tomar una determinación basada en su juicio personal, mientras que los gestores son personas que se ofrecen a radicar documentos o darle seguimiento a algún proceso. Los profesionales autorizados pueden ser agrimensores, arquitectos, ingenieros, agrimensores, geólogos o planificadores.
También existen los inspectores autorizados por OGPe, quienes son adiestrados y pueden emitir certificaciones de Salud Ambiental y de Prevención de Incendios.
Jaymarie Correa, directora de la empresa Permisos SOS, aseguró que, como mínimo, reciben dos llamadas por semana de personas que tuvieron “malas experiencias con gestores” porque no pudieron ayudarlos a resolver su situación.
Correa reiteró que los gestores no tienen poder decisional y que tienen que someterse al mismo proceso que las demás personas para solicitar y recibir permisos.
En el caso de Permisos SOS, aclaró que no son gestores, y que el dueño de la oficina es profesional autorizado por OGPe. En Permisos SOS, según ella, orientan y realizan un análisis de los requisitos que necesitan para obtener algún permiso o licencia, depende cuál sea el caso. Según Correa, uno de los problemas más frecuentes al iniciar el proceso de solicitar permisos es que las personas no buscan la información de los requisitos, lo que en ocasiones resulta en que le falten documentos al momento de someter.
Al tener la licencia de profesional autorizado, Correa explicó que en Permisos SOS facturan $850 por honorarios por cada trabajo, más $300 para los costos de radicación de los permisos (Permiso de Uso, Salud Ambiental, Bomberos y Exclusión Categórica). Ellos emiten permisos de 24 a 48 horas desde la propia oficina.
Eliminado el apoyo a microempresas comunitarias
Reyes aseguró que las microempresas comunitarias están “abandonadas porque el sector económico no las reconoce como un sector importante y que genera empleo”. Incluso, denunció que desde que comenzó la administración de Rosselló Nevares el incentivo de $5,000 para las microempresas comunitarias, que fue instaurado en el 2013, no ha estado disponible en la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), agencia bajo la sombrilla de Desarrollo Económico.
También, dijo que el incentivo de la CCE para las incubadoras comunitarias, que son emprendimientos para capacitar a microempresarios, también fue eliminado en este cuatrienio, situación que lamentó por la importancia que representan en el desarrollo de nuevas microempresas.
“Con procesos de incubación se logran mejores resultados que una persona que está bregando solita sacando permisos. Por eso muchas veces fracasan”, lamentó.
Un estudio independiente realizado por Consultores Comunitarios y la Alianza para la Incubación de las Microempresas entre 2010 al 2015 concluyó que las incubadoras brindan la “oportunidad para el desarrollo de una cultura de autogestión empresarial solidaria que genera empleos y riqueza local”. Además, se indica que en Puerto Rico el incentivo que existe para las incubadoras comunitarias “es limitado”.
“Evidentemente en Puerto Rico existe un grave problema de desigualdad que se manifiesta a todos los niveles. Por ejemplo, ¿cómo es posible que solo exista un incentivo tan bajo para proyectos de incubación de microempresas? ¿Cómo no entender que por cada dólar que se invierta en la incubación de microempresas se logra formalizar actividades económicas que pagarán patentes, CRIM, contribuciones, etcétera? En Estados Unidos, el gobierno ha reconocido que por cada dólar que invierte en incubación recibe más de $40 por los conceptos antes mencionados”, dice el estudio.
También, se menciona como “injusticia” el hecho de que no se distinga entre una microempresa y una multinacional en la solicitud y otorgación de permisos.
“¿Cómo es posible que no existan formas más simples y justas de facilitar el operar de manera “formal”? ¿Se dará cuenta el gobierno que las estructuras y procesos de permisos “invitan” y en ocasiones “obligan” a operar un negocio desde la informalidad?”, cuestiona el estudio.
Del Fondo Especial de Desarrollo Económico de la Ley 73-2008 surgen dos incentivos a las microempresas: uno a las incubadoras y otro a los negocios en sí. El incentivo a las incubadoras “está en proceso de revisión”, según dijo el DDEC, y están haciendo un plan de trabajo para solicitar a la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) le asigne dinero. Para el incentivo a las microempresas, actualmente están recibiendo propuestas para iniciativas empresariales que cualifiquen.
Laboy agregó que existe también otro estímulo, el Incentivo Económico para Microempresas Comunitarias, a través de la CCE y la Ley 135 para Jóvenes Empresarios (del Programa de Desarrollo de la Juventud del DDEC en colaboración con la CCE y el Banco de Desarrollo Económico). Sin embargo, antes de la publicación de esta investigación, Reyes mostró un email como evidencia al CPI de que este incentivo para las microempresas comunitarias de la CCE no estaba disponible, según le indicó un funcionario de la agencia que prefirió que su nombre no fuera divulgado.
Las experiencias negativas para los microempresarios y pequeños comerciantes como Marina Martínez, propietaria de Bistro del Mar, abundan. Martínez, quien tuvo que mover su food truck de Fajardo a Luquillo porque el municipio comenzó a multarles luego de haberles dado permiso para estar en un área verde. Recientemente, Martínez recibió un nuevo contrato del Departamento de Comercio y Exportación para el uso del carretón, el que le fue otorgado en el 2011 bajo el programa Pa’ mi gente. Ahora, el contrato que recibió es del programa “Puerto Rico Emprende Contigo”, el cual según el gobierno requiere capacitación antes de la entrega del carretón. Martínez no ha firmado el contrato porque no le han dado el entrenamiento.
A pesar de tener el deseo de trabajar y crear empleos, casos como el Josué Hernández, muestran cómo la falta de un permiso pudiera acabar con los sueños de los emprendedores. Hernández lleva aproximadamente ocho meses en el proceso de intentar operar su negocio, Aqua Sunset Tours, en la bahía bioluminiscente de Vieques. Aseguró que el proceso de los permisos ha sido difícil y que cada vez le solicitan documentos diferentes en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Su preocupación mayor es que después de que ha realizado una inversión en la adquisición de cuatro vehículos, dos vanes y 12 kayaks, el DRNA no le apruebe el permiso que le falta para iniciar labores. Este permiso, según explicó, va acompañado de $500, que al pagarlos, podría perder si el Departamento no le aprueba el permiso en un periodo de 12 meses. Su temor se basa en que verbalmente personal de la agencia le ha negado el espacio ya en tres ocasiones, porque alegadamente no estaba disponible.
Hernández mostró su indignación ante el hecho de que desde el primer momento, el DRNA le indicara que no había espacio en la bahía, pero ha visto cómo otro concesionario se estableció recientemente en la bahía, con permisos de la agencia.
Mientras los micro y pequeños comerciantes esquivan obstáculos para establecer sus negocios y carecen de capital semilla, en Puerto Rico existe la Ley 22, que fue aprobada bajo la administración de Luis Fortuño para incentivar el traslado de inversionistas a Puerto Rico mediante exenciones contributivas. También la Ley 20, que provee beneficios contributivos a las empresas que exporten sus servicios, incluyendo empresas extranjeras que se establezcan en la Isla.
En febrero del 2018, el gobernador anunció un nuevo incentivo dirigido a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) relacionadas al campo de la ciencia y la tecnología. En ese momento se indicó que estarían otorgando hasta $100,000 de capital semilla por empresa.
