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Proponen independizar Ciencias Forenses de Seguridad Pública

En 2017 se creó la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

Ante la crisis que se vive dentro del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) y poder subir los estándares de operación de la mencionada agencia, los representantes José Enrique “Quiquito” Meléndez, Juan Oscar Morales y José J. “ Che” Pérez, presentaron el Proyecto de la Cámara 2075 para crear el nuevo Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico.

“Aunque nosotros en la Legislatura reconocemos la intención de haber creado el Departamento de Seguridad Pública para buscar diseñar un sistema de seguridad más efectivo, y que trabajara de forma integrada entre todas las agencias de seguridad en Puerto Rico, la realidad es que en lo relacionado al funcionamiento del Negociado de Ciencias Forenses tenemos que aceptar que esta agencia ha enfrentado serios tropiezos desde su conversión de una entidad autónoma a un mero Negociado adscrito a otra dependencia gubernamental”, dijo Meléndez.

“El saliente secretario de Seguridad Pública demostró que no pudo lidiar con la crisis en ese Negociado de Ciencias Forenses y que la misma necesita tener su propia independencia fiscal, operacional, y que sea dirigida por personas que tengan la capacidad y el conocimiento científico administrativo para que sea exitosa”, agregó.

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Indicó que según expresa la medida presentada, el establecimiento de este nuevo Instituto busca que la agencia pueda operar con autonomía adminsitrativa y fiscal, y pueda utilizar mejor sus recursos fiscales y humanos. Los fondos para la nueva agencia procederán del presupuesto general de gastos del Gobierno de Puerto Rico y su dirección estará bajo la tutela de una Junta con amplia representación de los sectores con mayor injerencia en la administración de la justicia.

El legislador explicó que en julio de 1985, se creó el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico y que en el 2017 fue aprobada la Ley 20-2017, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, que agrupó las agencias de seguridad del país, incluyendo Ciencias Forenses.

Entre algunos de los problemas que el representante Meléndez enumeró dentro del NCF están el éxodo hacia los Estados Unidos de profesionales puertorriqueños con la experiencia necesaria para poder trabajar en Ciencias Forenses; múltiples renuncias del personal científico especializado dentro del Negociado; salarios de empleos especializados extremadamente bajos en comparación con los de cualquier jurisdicción de los Estados Unidos y que el negociado no cuenta con la cantidad suficiente de patólogos.

Asimismo, alegó que el trabajo especializado de patólogos se reduce al estar obligados a asistir a los tribunales como peritos, tienen mucho trabajo administrativo, y deben revisar los expedientes de cremación; desde el 2007, ningún candidato ha presentado interés a la posición de patólogo forense, aún cuando la convocatoria para este puesto se ha mantenido abierta y desde el 2009 no han surgido estudiantes de medicina interesados en hacer residencia en patología forense.

Otra de las situaciones que mencionó Meléndez es que reglamento interno data del año 2000, es decir hace 18 años atrás. Entre los años 2016 y 2017, renunciaron un total 45 personas, 34 de éstos, personal científico.

“Esperamos que los otros compañeros legisladores, así como el primer ejecutivo, entiendan la importancia de este proyecto y la magnitud del problema que se sufre en el Negociado de Ciencias Forenses. Es hora ya de que demos pasos positivos que vayan dirigidos a resolver la crisis existente y que está afectando grandemente a nuestra población. Esta ley dará las herramientas necesarias para quienes operen el futuro Instituto de Ciencias Forenses. Para que puedan desarrollar estrategias que atraigan más personal especializado, de Puerto Rico o de afuera, y actualizar sus operaciones con la tecnología necesaria para que estemos al nivel de otras jurisdicciones”, finalizó.

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