La Junta de Control Fiscal (JCF) radicó en el día de ayer 230 demandas a individuos y entidades para recobrar pagos efectuados por el Gobierno de Puerto Rico que confligían con el Código de Quiebras de los Estados Unidos y las leyes de Puerto Rico.
El ente creado por la Ley Promesa expuso que las reclamaciones le permiten asegurar que, aproximadamente, $4,200 millones en pagos efectuados a suplidores y contratistas que trabajaron para el Gobierno de Puerto Rico “fueron gastos apropiados y justos y, de no ser así, recobrar ese dinero para el pueblo de Puerto Rico”.
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“La Junta de Supervisión tiene una responsabilidad ante el pueblo de Puerto Rico de recobrar cualesquiera pagos en violación de las leyes de quiebra o de Puerto Rico efectuados antes de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico”, dijo la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Natalie Jaresko.
Asimismo, la Junta expuso que estas acciones legales no necesariamente implican que los individuos o entidades cometieron algún delito. Ante esto, aclararon que si un suplidor demuestra una base apropiada para los pagos, la Junta de Supervisión desestimará el reclamo.
Pide acción por $340 millones de pensiones
Por otro lado, la JCF solicitó al Gobierno acción contra entidades públicas que han retenido el dinero de sus empleados para el fondo de pensiones y no lo han depositado.
El ente creado por la Ley Promesa citó el informe “PayGo y deuda de contribución individual por entidad”, de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). Según el informe, 28 corporaciones públicas y 66 municipios han acumulado una deuda de $340 millones desde que se implementó el sistema PayGo en 2017.
De igual forma, precisaron que el informe también demuestra que 20 municipios y siete corporaciones públicas no están remitiendo las retenciones de nómina de empleados a las Cuentas de Retiro de Contribución Definida para esos empleados.
“El sistema de pensiones PayGo debe estar debidamente financiado en todo momento. Así lo estipula la ley”, manifestó Jaresko. “No obstante, el Gobierno de Puerto Rico debe ser fiscalmente responsable y cobrar el PayGo a tiempo, a todas las entidades que tienen este deber fiscal”, agregó. Finalmente, dijeron que entre las entidades que han fallado en pagar sus obligaciones de PayGo, acumulando las deudas más altas con el Gobierno, figuran los municipios de San Juan, Ponce, Carolina y Toa Baja, así como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de los Puertos y el Fondo del Seguro del Estado. La Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Autoridad de Carreteras y Transportación, Ponce y Arecibo tienen los balances más significativos de contribuciones retenidas no remitidas al sistema de Cuentas de Retiro de Contribución Definida.
