La Junta de Control Fiscal (JCF) informó ayer que solicitó que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos extienda la moratoria de su fallo del 15 de febrero, pendiente de la petición de revisión del caso de la Junta de Supervisión ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
El ente creado por la Ley Promesa detalló en una comunicación escrita que “los Estados Unidos están de acuerdo con que una moratoria del fallo está justificada y, por tanto, se unen a la moción de aplazar el mandato del Primer Circuito”.
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En febrero de este año, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston revocó a la jueza Laura Taylor Swain, quien tendría 90 días para declarar inconstitucional los nombramientos de la Junta de Control Fiscal (JCF).
En la petición de certiorari radicada el martes 23 de abril de 2019 ante el Tribunal Supremo, la Junta catalogó dicha decisión como “profundamente equivocada y desestabilizadora”.
Cese de operaciones
Asimismo, la Junta indicó: “Sin una moratoria adicional, la Junta de Supervisión se vería forzada a cesar sus operaciones el 16 de mayo. Afectar las operaciones de la Junta de Supervisión en este momento tendría consecuencias inmediatas y devastadoras para la economía de Puerto Rico y el proceso de reestructuración de su deuda, que el Congreso determinó que era críticamente necesario cuando aprobó la Ley Promesa y creó la Junta de Supervisión”.
Finalmente, la Junta expuso que paralizar sus labores afectaría la certificación de los presupuestos del año fiscal 2020 del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades para asegurar que cumplen con los planes fiscales certificados.
