Buscará prohibir terapias de conversión

Asimismo, el gobernador someterá otra medida sobre la libertad religiosa

Por Sadot Santana

El gobernador Ricardo Rosselló reanudó ayer la discusión de las medidas para prohibir las terapias de conversión y el proyecto que garantiza la libertad religiosa.

Durante una conferencia de prensa, anunció que someterá a la Asamblea Legislativa dos medidas que atenderán la prohibición de las terapias de conversión y otro proyecto para garantizar la libertad religiosa.

A pesar de que no se proveyó copia de las medidas, el ejecutivo elogió las medidas por tratarse del resultado de un consenso entre distintos sectores. “Esto representa una victoria importante para ambas comunidades”, subrayó el gobernador. El mandatario aseguró que las terapias de conversión quedarán prohibidas y ningún profesional de la salud mental podrá realizar estas prácticas a menores de edad.

Sin embargo, Héctor Albertorio, director ejecutivo de la Oficina del Tercer Sector y Base de Fe, descartó que realizar “oraciones” que hace un pastor no es una terapia reparativa. “¿Puede un pastor orar por un menor de edad y dentro de su oración hace una declaración que es conforme a su dogma y a su creencia? Sí, la puede hacer”, señaló el funcionario.

Sobre el proyecto de libertad religiosa, Rosselló expuso que la medida no implicará que se les nieguen servicios a personas de ser contrarias a creencias religiosas de empleados públicos, como, por ejemplo, a la corrección de género en un acta de nacimiento en el Registro Demográfico.

“Sí, se le permite lo que es el acomodo razonable de previo aviso…[pero] en ningún momento se le va a permitir que cualquier ciudadano sea objeto de discrimen o de mal trato o de dilación de procesos por cuestión de su orientación de género o cualquier otra consideración”, sostuvo Rosselló.

Johanne Vélez, presidenta del Consejo Asesor en Asuntos LGBTT, aclaró que los empleados deberán solicitar el acomodo razonable y fundamentarlo. Añadió que, a pesar de que empleados se acojan al acomodo razonable, no se traducirá en que las personas no puedan recibir los servicios gubernamentales. Puntualizó que las personas encargadas de la supervisión y gerencia de estas oficinas deberán establecer mecanismos para identificar personal que sí pueda ofrecer estos servicios.

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