Resulta que, para expertos en seguridad pública, aún quedan muchas interrogantes sobre la alianza público-privada que pretende capacitar a policías y personal del Departamento de Seguridad Pública.
Al menos eso opinó Michelle Hernández, exsuperintendente de la Policía de Puerto Rico, y José Marín, director ejecutivo del Sindicato Puertorriqueño de Policías, tras el anuncio del gobernador Ricardo Rosselló, que determinó que la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Ana G. Méndez y National College for Business and Technology son las instituciones que están cualificadas para continuar a la fase de licitación para establecer un Centro de Capacitación de Seguridad Pública.
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Para Hernández, no queda claro el rol que desempeñará el estado en los adiestramientos que ofrecerá esta institución privada. Específicamente, señaló que el Gobierno no ha precisado si serán los encargados de establecer los currículos y que los adiestramientos estén certificados por el Estado.
“Hay unas obligaciones que tiene el Gobierno en términos de uso de fuerza, protección de derechos civiles y humanos, y cómo eso va a encajar con la privatización del adiestramiento”, cuestionó.
Asimismo, explicó que, en estados como Florida, los currículos y los adiestramientos son aprobados previamente por una comisión del estado. Mostró preocupación, además, con la manera en que pueda alinearse a las exigencias del monitor federal y del Departamento de Justicia federal.
Hernández, quien también fungió como rectora de la Academia de la Policía desde 2014 hasta 2016, comentó que, cuando surgía una controversia con el desempeño de algún policía, era su responsabilidad mostrar las certificaciones de adiestramiento y los exámenes aprobados por el oficial, y las certificaciones y currículum vitae del instructor.
“¿Y quién es responsable? ¿Va a ser una universidad privada?”, objetó.
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Por su parte, Marín descartó que una entidad privada pueda ser capaz de formar a futuros agentes de la Uniformada. “Un servicio privado no va a ser eficiente o no va a cumplir con las necesidades y exigencias que se necesitan para crear el policía que tenemos hoy en día”, argumentó.
El líder gremial, asimismo, expuso que el ahorro económico para el Gobierno no debe ser la única razón para pasar a manos privadas el adiestramiento de oficiales de la Policía.
“Estoy seguro que el Gobierno está buscando economía, pero no puede limitar ese aspecto de la economía sin asegurar que se dé el mejor servicio y que el sistema de la academia no cambie para beneficio del pueblo de Puerto Rico”, precisó.
