El gobierno como empresa: avanza un nuevo modelo de gestión pública en P. R.

En medio del laboratorio de austeridad en que se ha convertido Puerto Rico, la principal empresa asesora de la Junta de Control Fiscal impulsa que la gestión del Gobierno imite a las corporaciones privadas. Hasta el momento, McKinsey ha facturado más de $72 millones por su trabajo

Por Luis J. Valentín Ortiz y Andrew Rice / Centro de periodismo investigativo y New York Magazine

“Queremos corporativizar al Gobierno de Puerto Rico”, es la primera frase que recuerda haber escuchado Christian Sobrino de parte de la principal firma asesora de la Junta de Control Fiscal.

Según el representante sin voto del gobernador Ricardo Rosselló ante la Junta, el comentario vino de un empleado de McKinsey, la firma de consultoría que funge como principal asesor estratégico de la entidad impuesta por la Ley federal Promesa. Sobrino habló sobre el tono condescendiente que utilizan frecuentemente los empleados de esa firma, a los que llamó “McKinsey-bots”, adscribiéndoles la automatización de un robot. Sostuvo que McKinsey brinda un análisis erróneo a la Junta, mientras que fomenta la percepción de que el Gobierno electo es incompetente. “No solamente son inefectivos, sino que están causando daño a la gente”, opinó.

McKinsey negó las imputaciones. Aseguró que el comentario citado por Sobrino tergiversa “los objetivos y la sustancia” del trabajo que realiza en la isla. La idea, sin embargo, de “corporativizar” la gestión pública en Puerto Rico no parece estar muy lejos del expertise que esta empresa trae a la mesa.

McKinsey está “haciéndolo todo”

A través del plan fiscal, el Gobierno de Puerto Rico implementa ideas de McKinsey — o “metodologías”, según el contrato con la Junta. La firma reclama derechos propietarios sobre estas ideas. McKinsey lleva la voz cantante al momento de confeccionar los planes que imponen cientos de millones de dólares en recortes presupuestarios, la consolidación de decenas de agencias y la eliminación de beneficios marginales para empleados públicos, como el bono de Navidad. Asesora además en las llamadas “reformas estructurales” — cambios en la política pública, tales como las reformas en educación y salud, y la derogación de las protecciones laborales contra el despido injustificado. Diseñó la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y analiza las opciones para transferir la Autoridad de Carreteras, o parte de esta, al sector privado. También es vigía de la Junta: monitorea que el Gobierno implemente los planes fiscales y los presupuestos aprobados por el ente rector.

“Están haciéndolo todo. Si McKinsey se va, la Junta esencialmente dejaría de existir”, dijo un oficial del Gobierno federal que conoce del trabajo de la firma en Puerto Rico. Por sus servicios, McKinsey ingresa cada mes alrededor de $3 millones. Hasta el pasado mes de enero, la cuenta iba por $72 millones en fondos públicos desde noviembre de 2016, fecha en que la firma comenzó sus labores.

“Nosotros, como asesor, nunca tomamos decisiones de política pública”, ripostó Bertil Chappuis, un puertorriqueño de 52 años y uno de los socios sénior de McKinsey encargados de la relación entre la firma y la Junta. Rechazó que McKinsey tenga tal nivel de influencia sobre los trabajos de la Junta. “Somos investigadores (fact-finders), analistas, creadores de opciones (framers)”.

Correos electrónicos entre el Gobierno y la Junta obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) como parte de un litigio, muestran la comunicación constante que mantienen empleados de la firma con distintas agencias, principalmente la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), entidad dirigida por Sobrino.

McKinsey pide, recibe y examina regularmente información financiera del Gobierno, incluyendo a través de un repositorio digital al que funcionarios públicos y de la Junta conocen como el “McKinsey dropbox”. Las labores de la firma también incluyen la redacción de las cartas que identifican las “violaciones” al plan fiscal de parte de la administración Rosselló Nevares.

Parte del trabajo que realiza McKinsey lo llevan a cabo jóvenes graduados de las mejores universidades de Estados Unidos, según revelan los emails obtenidos por el CPI y las facturas presentadas por McKinsey como parte del proceso de quiebra.

Seis meses después de conseguir su bachillerato en 2017, un egresado de la Universidad de Yale figura en la lista de invitados de asesores de la Junta a una reunión para discutir los supuestos macroeconómicos de la isla. Su experiencia laboral antes de llegar a McKinsey era dar recorridos, en español e inglés, alrededor de la universidad. Otro joven de 31 años, y graduado de la Universidad de Harvard y Johns Hopkins, fungió como consultor sénior de la firma, bajo el título de integrating thought leader para el caso de Puerto Rico. Un miembro de la clase graduanda de 2016 de la Universidad de Columbia ayudó a analizar si el Gobierno se quedaría sin dinero si fallaba en implementar recortes al gasto público. Otro recién graduado de la Escuela de Gobierno de Harvard, miró a profundidad —deep dives— los presupuestos de Educación y Turismo, al igual que examinó las pensiones de los policías. Entre los analistas a cargo de revisar los estimados de daños tras el paso del huracán María en 2017, había uno que se acababa de graduar ese mismo año de la Universidad de Yale.

A juicio de Sobrino, muchos de estos jóvenes llegan a trabajar con el caso de Puerto Rico por un corto periodo de tiempo y luego se van de McKinsey.

Presencia en Educación bajo Keleher

“La gente de McKinsey del plan fiscal están encima de mis números”, dijo el pasado mes de enero la entonces secretaria de Educación, Julia Keleher, quien se mostró a favor de la gestión de la firma, el cierre de escuelas y la reducción en el número de maestros. Keleher renunció en abril en medio de una alegada investigación de parte de las autoridades federales en torno a su gestión al mando de la agencia, según reportó El Vocero.

La controversia, según indicó Keleher por escrito para esta historia, “explica mucho de por qué Puerto Rico está en la condición en que se encuentra”. La exsecretaria dijo: “No he sido informada de investigación alguna en mi contra”. Añadió: “Lo que vivo es de locos (insane) y destructivo”.

Al margen de su contrato con la Junta, McKinsey asistió a Keleher en establecer la fundación Puerto Rico Education Foundation. Esta organización, según el periódico Metro, se encargaría de pagar el sueldo de Kari Hernández, una exempleada de McKinsey que abandonó la firma en el verano de 2018 para pasar a ser una de las principales asesoras de Keleher.

Hernández no era ajena a Educación: desde McKinsey ya trabajaba con la agencia, según muestran otros correos electrónicos. Tras salir de McKinsey, Hernández participa de reuniones entre la Junta y el Gobierno con relación a Educación, según reportó Metro. El CPI preguntó a la presidenta de la fundación, Enid Reyes, si Hernández continúa trabajando en la entidad, pero rechazó hacer expresiones al respecto.

Un puertorriqueño detrás de McKinsey

Chappuis fue entrevistado pero no seleccionado para uno de los siete puestos de la Junta, entidad que tomó las riendas de las finanzas de Puerto Rico en el 2016. Luego de la entrevista, sugirió a su empleador, McKinsey, que buscara convertirse en el principal asesor estratégico de la entidad y así trabajar en la quiebra gubernamental más grande en la historia de Estados Unidos.

“Vi el trabajo que comenzamos a realizar en el sector público”, dijo. “No voy a mencionar nombres…, pero hemos hecho mucho trabajo en el sector público alrededor del mundo, incluyendo en el Caribe”. El 27 de noviembre de 2016, la Junta anunció la selección de McKinsey como su principal asesor estratégico, y a Chappuis, como uno de los líderes del proyecto. 

Graduado de MIT, Chappuis llegó a McKinsey en la década de los noventa. Se destacó como consultor de compañías de tecnología de Silicon Valley, California. Nunca ha sido funcionario público. Tampoco ha trabajado con Gobiernos que enfrentan una crisis fiscal como la de Puerto Rico. No es economista ni banquero. Su especialidad es en tecnología y administración de empresas.

“Creo firmemente que las prácticas del sector privado son altamente relevantes [al sector público] y que conllevan una mejor distribución de recursos, lo que implica ofrecer mejores cosas a los ciudadanos y utilizar fondos públicos de manera más inteligente”, dijo Chappuis.

“Esa realmente es la esencia del trabajo que hacemos”, añadió.

Según él, la primera tarea de la firma en Puerto Rico fue “desenredar la maraña de datos, sistemas y problemas” de la isla. El primer contrato entre la Junta y McKinsey iba mucho más allá. En los primeros 90 días, McKinsey debía establecer exitosamente a la Junta como entidad; delinear una estrategia general, un presupuesto operacional, la estructura organizativa y métricas de éxito; determinar la misión y principales valores de la Junta; desarrollar el andamiaje para la aprobación de planes fiscales y presupuestos del Gobierno; ayudar a crear una visión aspiracional de Puerto Rico.

A medida que la Junta incrementó su ritmo de trabajo, también aumentó la gama de servicios que ofrecía McKinsey. “Siguen añadiéndose y añadiéndose [tareas]”, dijo Chappuis. “Seguimos absorbiendo”.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, defendió el trabajo que realiza la firma para la entidad impuesta por Promesa. “Sería imposible construir un staff que sea experto en cada uno de los asuntos”.

Fuentes cercanas a la Junta dijeron que el ente rector opta por consultores para evitar la apariencia de que está estableciendo un gobierno paralelo al electo.

¿Imponen su receta?

Sobrino recordó una presentación de McKinsey realizada junto a Jaresko poco tiempo después de comenzar su rol de portavoz del Gobierno ante la Junta. Llevaba por título “El camino hacia adelante”, y en su primera página planteaba una serie de interrogantes para el Gobierno: ¿qué cosas no se harán?; ¿qué cosas se harán diferente?; ¿cómo esa decisión implica conseguir ahorros?

“Han estado tratando de empujar despidos [de empleados públicos], punto. Creo que es para castigar al Gobierno porque no se ha arrodillado a decir: ‘Sí, señor, lo que usted quiera’”, dijo el funcionario en referencia al trabajo de McKinsey. Sobrino es uno de los críticos más vocales de la gestión del principal asesor de la Junta, aunque está a favor de recortar el gasto público. Solo que de otra forma.

Luis J. Valentín Ortiz y Andrew Rice  /  Centro de periodismo investigativo y New York Magazine. Este reportaje se publica en Metro gracias a una alianza con el CPI. Puede accederlo en www.periodismoinvestigativo.com.

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