CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el martes dejar sin efecto “todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”, los cambios estructurales aprobados por la anterior administración en ese sector y que generaron posturas muy enfrentadas y un amplio rechazo entre los maestros.
Según el memorándum firmado por el mandatario y que sería aplicado a partir del martes, esa suspensión de la reforma, que no ha tardado en desencadenar fuertes críticas, estará vigente hasta que se alcance un consenso entre el Congreso, los trabajadores de la educación y la sociedad.
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La orden de López Obrador establece que será la Secretaría de Hacienda la que controle el pago de salarios de los maestros mientras que la de Educación administrará las plazas.
Asimismo, implicará la puesta en libertad de maestros y luchadores sociales encarcelados por haberse opuesto a la reforma y la reinstalación de los educadores cesados por “la aplicación de las evaluaciones punitivas”.
La reforma educativa aprobada por la administración de Enrique Peña Nieto y consagrada en la constitución mexicana supuestamente suponía una modernización del sector y, entre otras cosas, supuso la puesta en marcha de exámenes y evaluaciones para los docentes.
También quitaba poder a los sindicatos, encargados hasta entonces de controlar y gestionar las contrataciones y promociones de los profesores y pretendía acabar con la compra-venta de plazas.
Pero sus críticos argumentaban que no tomaba en cuenta las desigualdades históricas y regionales existentes en los centros educativos y ponía en riesgo la educación universal, pública y gratuita.
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La eventual derogación de la reforma ha sido una constante desde la última campaña electoral presidencial pero que López Obrador haya decidido paralizar los cambios sin pasar por el parlamento ha desatado fuertes críticas en los partidos de la oposición pero también en algunos sectores de la sociedad.
El exmagistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, indicó vía Twitter que la orden de López Obrador “carece de fundamentación y motivación” y será “fácilmente impugnable jurídicamente”.
“El denominado memorándum, como orden administrativa, sería un acto inconstitucional”, dijo el coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso, René Jiménez. “La reforma educativa y todas sus disposiciones están vigentes y, en consecuencia, deberán ser observadas y aplicadas por todas las autoridades”.
En la misma línea se pronunció el izquierdista Partido de la Revolución Democrática y el derechista Partido de Acción Nacional, que en un comunicado consideró que con esta medida se tirarían “a la basura” 80.000 millones de pesos (unos 4.000 millones de dólares) que costó la reforma educativa.
