La senadora Rossana López León radicó su posición ante la Comisión Marítima Federal (FMC, por sus siglas en inglés) su reclamo a favor del desarrollo económico de Puerto Rico y contra el intento de las empresas Tote Maritime y Luis Ayala Colón de fusionarse e incorporar la entidad ‘Puerto Rico Terminal’, lo que señaló que crea, junto a Crowley Maritime, un monopolio de carga y descarga en el muelle de San Juan.
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“Una de las avenidas que tenemos los puertorriqueños para impulsar el desarrollo económico es liberar al País de las leyes de cabotaje para permitir la libre competencia. Por años he estado luchando en este tema contra los intereses que le hacen daño al bolsillo de los puertorriqueños. Por eso, en las pasadas semanas informé al País sobre las intenciones de estas empresas y ayer lunes fue el último día para radicar documentación a la agencia para impugnar la intención”, explicó la legisladora por acumulación en declaraciones escritas.
En su carta a Rachel Dickon, secretaria de la FMC, López León explicó el caso en detalle, exponiendo porqué un monopolio en los muelles sería perjudicial para la economía de Puerto Rico.
“Ya los oficiales de MIDA, por medio de su vicepresidente ejecutivo Manuel Reyes Alfonso, hizo un reclamo público en contra de las intenciones de monopolio”, planteó.
“Para el ciudadano común, esto representa pagar sus alimentos aún más caros, para el agricultor, pagar sus fertilizantes a mayor costo, lo mismo para comerciantes e industriales”, aseveró la también candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD).
Reclamos similares han sido registrados por el Colegio de Abogados de Puerto Rico y la Asociación de Farmacias de la Comunidad, entre otros grupos profesionales y empresariales.
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En un comunicado, explicó que de permitirse la fusión de Tote con Luis Ayala Colón, esa unión representaría junto a Crowley la toma del 80% del muelle de San Juan, y la eventual posibilidad de aumento en los precios de los servicios y el poder de quién entra a los muelles.
“Estas son las mismas empresas que ya fueron convictas a nivel federal por ponerse de acuerdo para aumentar los precios, lo que se conoce como ‘price fixing’, afectando a los consumidores. “Si se atrevieron a cometer esa ilegalidad en el pasado, imagínense de qué son capaces si se aprueba el monopolio”, añadió la legisladora.
“Encima de todo esto tenemos la complicidad del gobierno de Ricardo Rosselló, pues la Autoridad de los Puertos sabía de los intentos de las navieras, mantuvo silencio y se ha cruzó de brazos ante el tema”, agregó la senadora.
En la comunicación, subrayó que el propio subdirector de la Autoridad de los Puertos, Julián Bayne Hernández, admitió en vista pública en la Legislatura que desde el pasado 29 de marzo tienen conocimiento de esta grave amenaza a la economía de Puerto Rico y que no han ido a Comisión Marítima Federal a impugnar esta conspiración contra el bolsillo de los puertorriqueños. “Tampoco La Fortaleza ni el Departamento de Justicia han cumplido con su responsabilidad”, agregó.
“Queda en récord nuestra denuncia, documentación e Impugnación a nivel federal, junto con los grupos empresariales de Puerto Rico, que estamos atentos al desarrollo económico y en defensa de bolsillo de los puertorriqueños”, finalizó López León.
