El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, al ser increpado por periodistas en torno al por qué no ofreció, desde el principio, los datos sobre la reunión en la mansión ejecutiva con su hermano, Jay Rosselló Nevares y personal del Center for Education Reform (CER).
“Es una reunión que se llevó a cabo informativa. ¿Por qué llega eso? En octubre de 2018 yo fui, entre otros lugares, a Miami a varios foros, en este foro fue de una organización sin fines de lucro que fue Center for Education Reform. En ese foro yo solicité que ante la ley 85 de Educación queríamos que vieran a Puerto Rico como un destino para que los mejores que pudieran ofrecer mejor grado de calidad educativa pudieran llegar a Puerto Rico. Y les dije, y lo digo aquí, yo he solicitado eso y he promovido esa ley en todas las jurisdicciones y en donde sea que voy”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.
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“Paso siguiente, se hace una reunión con la directora para y establezco bien claro, establecer el proceso reglamentario para establecer las charters. La ley estaba clara porque ya se había divulgado y ya la tenían. Pero, no tenían el conocimiento de antemano de cuáles eran los procesos reglamentarios -bastante riguroso, déjame decir- para poder obtener charters”, añadió.
“Esa reunión se estableció para ello con el objetivo de que se pudiese divulgar a través de todo Estados Unidos o otras jurisdicciones, cuál es el proceso en Puerto Rico”, continuó.
Asimismo reiteró que dicha reunión no era para adjudicar escuelas para convertirlas en escuelas alianza o charter.
“De ninguna manera, eso era para adjudicar charters. Eso tiene su proceso”, dijo Rosselló Nevares.
Mientras el mandatario estuvo en un viaje en España las pasadas semanas, se conoció sobre el rol que presenta su hermano Jay, pues el bufete Hogan, Marren, Babbo & Rose, LTD (HMBR), tenía contratos con el Departamento de Educación.
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El gobernador, en ese entonces, dijo que su hermano solo hacía trabajos como traductor, versión que fue desmentida por el propio hermano del mandatario al asegurar, en declaraciones escritas, que participó en los borradores de lo que se convirtió en la Reforma Educativa. Jay Rosselló también era el representante legal del Center for Education Reform.
“Yo con mucho gusto cuando me hacen las preguntas de un sinnúmero de eventos y (e) interacciones que yo tengo, yo las contesto pero, tratar de imputar algo que simplemente no había conflicto de interés, no había problema, creo que desvía la atención de la narrativa correcta”, dijo el gobernador.
Jay Rosselló Nevares, hermano del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, explicó su colaboración con el contrato que contrajo el bufete de abogados para el que trabaja y el Departamento de Educación (DE).
“Quiero dejar claro que decir o insinuar cualquier irregularidad con respecto a mi participación en este asunto, es simplemente falso, malicioso y difamatorio, y expone a acciones legales a quienes insistan en así hacerlo”, dijo el abogado en la única declaración escrita que hará sobre el tema circulada la noche del domingo.
La reacción surge varios días después que medios de comunicación divulgaran información que alegaban que el hermano del mandatario habría tenido contratos con el DE.
“No tengo, y nunca he tenido, contratos con el Departamento de Educación o cualquier otro departamento, agencia o entidad del Gobierno de Puerto Rico”, agregó.
Indicó que desde ejerce como abogado para el bufete Hogan, Marren, Babbo & Rose, en mayo del 2017, el bufete ha tenido únicamente un contrato con el Gobierno de Puerto Rico. El mismo fue con el DE, firmado a finales del 2017 y expirado el 30 de junio del 2018, con el año fiscal.
“Personalmente no tuve rol alguno en la solicitud, negociación, finalización o manejo del mismo. Este contrato surgió dada la relación pre-existente de la exsecretaria (del DE) Julia Keleher y un accionista de Hogan, Marren, Babbo & Rose, el licenciado Charlie Rose. Esa relación se remonta a cuando ambos trabajaban para el Departamento de Educación de los Estados Unidos y se concretó debido a la extraordinaria reputación nacional y peritaje del bufete en el campo de la educación”, señaló el hermano del mandatario.
Asimismo, explicó que el contrato era para ofrecer consultoría sobre la Reforma Educativa y que el mismo estaba a cargo del licenciado Rose.
“Ese proceso conllevó leer y revisar múltiples borradores de potencial legislación. Esos borradores eran en español, y como yo era, y continúo siendo, el único abogado en el bufete con dominio de ambos idiomas, el licenciado Rose me pidió que leyera y analizara (no tradujera) los mismos. Ese esfuerzo resultó en alrededor de 25 horas trabajadas en total, y nunca incluyóactividades adicionales, como, por ejemplo, participación en llamadas o reuniones con el Departamento de Educación”, explicó.
“De hecho, yo nunca tuve, durante la vigencia de, y en relación a, este contrato, contacto alguno con oficiales o representantes del Departamento u otra persona que no fuera el licenciado Rose”, agregó.
Explicó que el monto total que el bufete le facturó al DE por este contrato fue 47,800 dólares y no los 155,000 dólares que han reportado algunos medios. El bufete eventualmente recibió una cantidad menor, 45,486 dólares, de la que “alrededor de 8,000 dólares corresponden al trabajo que realicé”. Alegó que los restantes cerca de 40,000 dólares, fueron a compensar el trabajo del licenciado Rose y otros designados por él bajo el contrato.
De otra parte, el hermano del gobernador indicó que como parte de sus labores en el mencionado bufete, ofreció asistencia legal por breve tiempo al Center for Education Reform (CER), una entidad sin fines de lucro que aboga por reformas educativas, incluyendo escuelas charter.
“En octubre del 2018, el gobernador hizo una presentación ante el CER, en la cual exhortó a los asistentes a participar de la transformación educativa en Puerto Rico. Ahí nació la idea de coordinar una reunión en Puerto Rico entre miembros de CER, el gobernador y la exsecretaria, la cual ocurrió en diciembre del 2018. El propósito de la reunión era explicar el proceso, y discutir el potencial, para establecer escuelas chárter en Puerto Rico. Yo participé en esa reunión como parte de mis labores para CER. Ni durante la reunión, ni en momento alguno desde entonces, se asignó, designó, o se hizo compromiso de ninguna naturaleza en relación a las escuelas chárter”, afirmó.
Por último, alegó que no es accionista del bufete, sino que es un socio sin interés de propiedad y con un contrato de trabajo que establece un salario fijo.
