WASHINGTON (AP) — Con el fin de ejercer mayor presión sobre Cuba, el gobierno del presidente Donald Trump se dispone a permitir demandas contra empresas extranjeras que hayan hecho negocios en propiedades confiscadas a estadounidenses por el gobierno cubano tras la revolución de 1959, dijo el martes un alto funcionario del gobierno.
La decisión representa un cambio en más de dos décadas de política estadounidense hacia La Habana.
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El presidente Donald Trump ha estado tomando medidas para aislar al asediado mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien se aferra al poder con la ayuda de otros países, incluyendo Cuba, China y Rusia. La nueva política en contra de La Habana podría asestar un duro golpe a los esfuerzos de Cuba para atraer inversión extranjera, y generar disputas comerciales entre Estados Unidos y Europa.
El funcionario que proporcionó los detalles habló bajo condición de anonimato antes de que el Departamento de Estado se pronuncie de manera oficial.
Tras el anuncio, se prevé que el asesor de seguridad nacional John Bolton discuta la nueva política durante un discurso el miércoles en Miami, en donde residen miles de exiliados e inmigrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El discurso en la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos se realizará en el 58vo aniversario de la fallida invasión estadounidense a la isla, en un intento de derrocar al gobierno cubano.
Johana Tablada, subdirectora de Cuba para asuntos estadounidenses, tuiteó imágenes sobre la votación en la ONU contra el embargo estadounidense realizada a finales del año pasado, y escribió: “Antes de que se encaramen eufóricos en la cresta de la ola de su maldad y mentiras, he aquí un toque de realidad. En verdad, el mundo le dijo a John Bolton y al gobierno de Estados Unidos que elimine su bloqueo criminal contra Cuba y la Ley Helms-Burton”.
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La ley de 1996 les otorga a los estadounidenses el derecho a demandar a las compañías, en su mayoría europeas, que operan hoteles, fábricas de tabaco, destilerías y otras propiedades que Cuba nacionalizó después de que Fidel Castro tomó el poder. Incluso permite las demandas de cubanos que se nacionalizaron estadounidenses años después de que sus propiedades fueron expropiadas.
Canadá, Francia, España, Gran Bretaña y otros países con grandes inversiones en Cuba han manifestado su rechazo a la ley y amenazado con demandar ante la Organización Mundial de Comercio en caso de que Washington intente interferir con los vínculos comerciales entre Cuba y alguna otra nación soberana.
“La aplicación territorial del embargo de los Estados Unidos es ilegal es contraria al derecho internacional”, dijo Alberto Navarro, embajador de la UE ante Cuba. “Yo, personalmente, lo considero también inmoral, y ahí están los 60 años que lo único que aportó el embargo es sufrimiento al pueblo cubano”.
Las aerolíneas y cruceros estadounidenses que llevan a cientos de miles de viajantes a Cuba cada año, aparentemente estarían exentas.
Cada presidente estadounidense desde Bill Clinton ha suspendido una cláusula de la ley para evitar esas disputas comerciales y las posibles demandas en masa que evitarían cualquier acuerdo a futuro con Cuba sobre las propiedades nacionalizadas. Cuba ha indicado que está dispuesta a reembolsar a los dueños de las propiedades confiscadas, pero sólo si el gobierno comunista también es reembolsado por los miles de millones de dólares en daños generados por las seis décadas de embargo comercial estadounidense.
El anuncio habrá de realizarse en un momento de grave debilidad económica en Cuba, que pasa apuros para encontrar fondos suficientes para importar alimentos básicos y otros suministros después de la caída en la ayuda proveniente de Venezuela y una serie de años negativos en otros sectores económicos.
Las inversiones extranjeras han aumentado ligeramente en Cuba en los últimos años, pero permanecen muy por debajo de los niveles necesarios para recapitalizar la dilapidada infraestructura de la isla. No se prevé que la decisión del gobierno de Trump ahuyente a algunos de los principales inversionistas extranjeros, como la compañía francesa Pernod-Ricard, fabricante del ron Havana Club, o las cadenas hoteleras españolas Meliá o Iberostar, pero podría representar un enorme obstáculo para nuevas inversiones de compañías del exterior.
“Perjudicará las posibles inversiones en Cuba. No provocará que se retiren las personas que ya invirtieron en Cuba”, dijo Phil Peters, director del Cuba Research Center, un organismo con sede en Arlington, Virginia, que fomentó relaciones más cercanas con la isla y ha brindado asesoría a compañías estadounidenses que buscan invertir.
Peters también dijo que cree que la nueva medida podría perjudicar los esfuerzos del gobierno federal para derrocar a Maduro con la ayuda de aliados como España.
“Hay muchos países interesados en ayudar a que Venezuela se recupere pronto después de Maduro, pero no están interesados en librar una guerra económica contra Cuba”, destacó Peters.
Un funcionario del gobierno estadounidense dijo que el gobierno también planea comenzar a ejercer una parte de la ley que le permite a Estados Unidos rechazar visas a cubanos y ciudadanos de otros países involucrados en operaciones comerciales en propiedades confiscadas.
