En busca de aclarar cuestionamientos en su contra sobre un posible contrato con el Departamento de Educación, el licenciado Jay Rossselló aseguró hoy, por medio de declaraciones escritas, que no tiene contrato alguno ni con el Departamento de Educación o cualquier otra agencia del Gobierno de Puerto Rico, esto luego de que se señalara que el bufete donde labora, Hogan, Marrren, Babbo &Rose, figurara como colaborador de la empresa Keleher y Asociados.
“No tengo, y nunca he tenido, contratos con el Departamento de Educación o cualquier otro departamento, agencia o entidad del Gobierno de Puerto Rico (…) Ese contrato con Hogan, Marrren, Babbo & Rose fue con el Departamento de Educación de Puerto Rico, se firmó a finales del 2017 y expiró el 30 de junio del 2018. Personalmente no tuve rol alguno en la solicitud, negociación, finalización o manejo del mismo”, dijo el licenciado, quien también aclaro que cuenta con más de dos décadas de experiencia legal, en su mayoría en el campo de la educación.
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Según el abogado, el contrato surgió dada la relación pre-existente de la exsecretaria de Educación Julia Keleher y un accionista de Hogan, Marren, Babbo & Rose que se remonta a “cuando ambos trabajaban para el Departamento de Educación de los Estados Unidos y se concretó debido a la extraordinaria reputación nacional y peritaje del bufete en el campo de la educación”.
El contrato, que estaba a cargo, así como también fue firmado y manejado por el licenciado Rose, buscaba “proveer al Departamento de Educación asesoría y asistencia legal en asuntos federales, legislativos y de política pública, incluyendo consultoría en relación a ciertas áreas de la reforma educativa, que eventualmente se convirtió en la Ley 85 (2018)”.
El participación de Jay Rosselló en este contrato se da durante el proceso de lectura y revisión de múltiples borradores de potencial legislativo, estos siendo redactados en español e inglés, y según Rosselló, al el ser el único abogado del bufete con dominio de ambos idiomas, el licenciado Rose le pidió leyera y analizara los mismos, pero sin traducirlos.
“Ese esfuerzo resultó en alrededor de 25 horas trabajadas en total, y nunca incluyó actividades adicionales, como por ejemplo, participación en llamadas o reuniones con el Departamento de Educación. De hecho, yo nunca tuve durante vigencia de y en relación a este contrato contacto con oficiales o representantes del Departamento u otra persona que no fuera el licenciado Rose”, aclaró.
El monto total que el bufete le facturó a Educación por dicho contrato, por su parte, figuró en $47,800 y no los $155,000 que se habían reportado anteriormente, según expresiones escritas por parte del abogado, quien es miembro del bufete desde mayo del 2017, aclarando que este [el bufete] recibió una cantidad menor de $45,486,026, de lo que de esa cantidad “alrededor de de $8,000 corresponden al trabajo que realicé”, dijo. El restante, unos $40,000 aproximadamente, fueron dirigidos a compensar el trabajo del licenciado Rose y otros designados por él bajo el contrato.
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“A través de mis dos años laborando en Hoga, Marren, Babbo & Rose, he representado y provisto asistencia legal a un sinnúmero de clientes del bufete. Uno de esos clientes fue el Center for Education Reform (CER, por sus siglas en inglés), por un breve tiempo, entidad sin fines de lucro que aboga por reformas educativas, incluyendo escuelas chárter”, expresó el licenciado.
Informes de prensa señalaban que Jay Rosselló es identificado como experto en escuelas charter en el portal del bufete para el cual labora.
El gobernador Ricardo Rosselló confirmó que en diciembre pasado hubo una reunión en La Fortaleza sobre el tema de las escuelas chárteres en la que participó su hermano, Jay Rosselló como representante de Center for Education Reform (CER).
Ante esto, Jay Rosselló aclaró que la idea de coordinar una reunión en Puerto Rico entre miembros de CER, el gobernador y la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, fue planteada por su hermano Ricardo Rosselló y que su participación en ella fue estrictamente ligada a su trabajo para dicha entidad. El propósito de esta, según el abogado, era “explicar el proceso y discutir el potencial para establecer escuelas chárteres en Puerto Rico”.
“Ni durante la reunión ni en momento alguno desde entonces se asignó, designó o se hizo compromiso de ninguna naturaleza en relación a las escuelas chárter. Cabe notar, además, que yo no soy accionista del bufete y con un contrato de trabajo que establece un salario fijo. No recibo comisiones ni compensaciones que sean por trabajo realizado por mí mismo”, dijo Rosselló, a la vez que hizo hincapié en que no recibe ni comparte ganancias generadas por contratos del bufete, incluyendo dicho contrato con Educación al cual se la ha ligado, y que tampoco tiene interés de índole alguno en relación a este o cualquier otro contrato.
“Estas serán las únicas declaraciones que haré al respecto. Creo naturalmente en el derecho a la información y a tener los asuntos claros, particularmente los del quehacer público. No obstante, habiendo establecido los hechos mediante esta comunicación, quiero dejar claro que decir o insinuar cualquier irregularidad con respecto a mi participación en este asunto, es simplemente falso, malicioso y difamatorio, y expone a acciones legales a quienes insistan en así hacerlo”, concluyó el comunicado enviado desde un correo electrónico a su nombre en el servicio de Hotmail.
