El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó hoy la Ley de Política Pública Energética que establece el marco regulatorio para la venta y concesión de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a la vez que establece una ambiciosa agenda de transformación a energía renovable.
“No es una cuestión de comodidad, es una cuestión de necesidad”, dijo el primer mandatario haciendo referencia a que la propuesta se trabajó de forma más agresiva tras el paso del huracán María.
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Hoy, en el Jardín Hundido en Fortaleza, le acompañaron los redactores de la medida, el proyecto senatorial 1121; el novoprogresista Larry Seilhamer y el popular Eduardo Bhatia. También estuvo el presidente de la AEE, José Ortiz; el representante Víctor Parés; y Christian Sobrino, con sus múltiples sombreros.
El proyecto establece también las metas en cuanto a la producción de energía renovable, con un 40% al 2025, 60% al 2040 y 100% al 2050. Ante las dudas del congresista Rob Bishop de que estas aspiraciones sean reales, el Gobernador contestó que “es normal que salgan las voces que dicen que no se puede”.
El primer mandatario no ofreció detalles sobre las conversaciones con AES con las que aspira a eliminar la quema de carbón al 2020. La nueva Ley elimina tal práctica en 2028, fecha en la que culmina el contrato con la empresa.
“Sin dar los detalles de la negociación, sí se están teniendo amplias discusiones para que antes podamos cambiar a otros modos que la compañía ya tiene en otras jurisdicciones [como] quema de biomasa con combinación de renovables o gas natural”, dijo Rosselló Nevares.
Venta y concesión
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En el área de transmisión y distribución se harán “concesiones”, lo que significa que la corporación retiene el activo y puede beneficiarse de fondos federales. “Es un contrato a largo plazo para la operación y el mantenimiento”, explicó Seilhamer.
Por otra parte, está la venta de activos, estrictamente ligado a las plantas de generación, proceso que arrancó antes de la aprobación del marco regulatorio bajo el amparo de la Ley de Alianzas Público Privadas de 2009.
La medida, que nace de la Ley 120 de 2018, procura que las entidades privadas modernicen las líneas de transmisión e integren fuentes de energía renovable, con la aspiración de que se conviertan en la opción energética para 2050.
También aumenta el presupuesto del Negociado de Energía y le delega, entre otras cosas, un estudio sobre la interconexión para garantizar que se puedan integrar fuentes de energía renovable, evaluar establecer lo que será la venta de energía al detal, los subsidios, y ajustar el Plan Integrado de Recursos.
Desmonopolizar
Además de dejar el sistema energético en manos de empresas privadas, la medida busca facilitar que los ciudadanos puedan producir e, incluso, vender el excedente. “El espíritu es reducir hasta casi eliminar las plantas generadoras”, dijo Seilhamer negando que se promulgue un “cargo o impuesto al sol”.
“Se aumenta de 10 kilovatios a 25 kilovatios (la capacidad) del residente que quiere tener su propio equipo solar, y con el certificado de un ingeniero certificado es automático la conexión al sistema”, explicó Seilhamer. José Ortiz le sumó que poner el sistema en las manos de residentes y desarrollo “
Entre otras medidas para evitar la monopolización, se establece que las compañías no podrán controlar más del 50 % de generación.
” Trazamos una línea clara entre lo que es ser un Estado facilitador, y ser un Estado controlador. El Estado controlador no funciona”, dijo el Gobernador.
