Tan reciente como en enero de este año, la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, consultó con la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) sobre la posibilidad de hacer negocios en Puerto Rico con una empresa suya llamada Solution Partners, LLC, mediante la cual ofrecería servicios de tecnología para manejo de proyectos bajo la Ley 20 de 2012 para Fomentar la Exportación de Servicios.
Un mes más tarde, en febrero, la OEG refería a Keleher al gobernador como autoridad nominadora para que este determinase si responsabilidades adicionales a su cargo podían menoscabar el desempeño de sus funciones oficiales como secretaria de Educación. “En caso de que el señor gobernador determine que usted puede ejercer estas funciones adicionales, usted deberá asegurarse de que las mismas no representan un conflicto de intereses, ni le impiden el desempeño cabal de sus funciones oficiales”, lee la misiva de la OEG firmada por su directora Zulma Rosario. Una búsqueda en internet confirma el perfil de la compañía como una de consultoría de gerencia con base en Washington D. C. que preside Julia Keleher.
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También en enero de este año, Keleher consultó la posibilidad de trabajar con empresas, organizaciones sin fines de lucro o universidades estadounidenses bajo dos modelos, ya fuese ella viajando entre cuatro y cinco días al mes o colaborando con proyectos de investigación de universidades estadounidenses en la isla. En ambos casos, la exfuncionaria aseguraba que serían organizaciones sin intereses o negocios con el Gobierno de Puerto Rico.
“Concretamente, el Artículo 4.3 (a) de la LOOEG dispone que un servidor público no puede aceptar o mantener responsabilidades adicionales a las de su cargo público, ya sea en el Gobierno o en la esfera privada, que, aunque legalmente permitidas, menoscaben su independencia de criterio en el desempeño de sus funciones oficiales”, lee la respuesta de la OEG a esa consulta, aunque deja nuevamente en manos del poder nominador la palabra final.
Mientras, las gestiones para un alza salarial están también consignadas en consultas a la OEG. El intento de que el aumento hasta $400,000 fuese cubierto por la Puerto Rico Education Foundation (PREF) se consultó en enero de 2018. Más adelante, la fundación descartó el uso de los fondos para el salario de Keleher por la cuantía que superaba los $250,000 que ya ganaba Keleher. Así lo confirmó esta semana Manuel Cidre, parte de la junta directiva de la PREF. Sin embargo, la exsecretaria volvió a la OEG en mayo de 2018 a consultar si su salario podría costearse con donativos del organismo Chiefs for Change. En ambos casos, la consulta se refirió a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). Cuando Metro reportó en febrero pasado sobre las gestiones de Keleher para un alza salarial, la funcionaria lo negó. Fuentes de este diario apuntan a que el aumento se detuvo en La Fortaleza.
Hace poco más de una semana, Keleher renunció a su cargo como secretaria, pero se informó inicialmente que se mantendría como contratista de AAFAF. Al día siguiente, renunció también al contrato cuando salió a relucir que estaba siendo investigada por las autoridades federales por su gestión en Educación.
Legal pero no apropiado
Para el analista y abogado Eddie López, la ahora exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, podía trabajar en la empresa privada, ya que esta era una contratista de la AAFAF y no un nombramiento en alguna agencia de gobierno. Sin embargo, a pesar de recalcar la legalidad, López aseguró que no lo considera apropiado
