Zamot propone la creación de Coordinador Federal para la isla

El excoordinador de revitalización de la Junta de Control Fiscal (JCF) sugirió hoy —ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal— la implementación de un coordinador federal que vele las transferencias de fondos federales a la isla. Asimismo, indicó que refirió sus denuncias de irregularidades en el gobierno a las autoridades.

Zamot expuso ante los congresistas la necesidad de implementar un coordinador federal que atienda los esfuerzos de recuperación en la isla y que provea “confiabilidad” y “transparencia” en la asignación de fondos federales. De acuerdo con su ponencia, Zamot sugirió que las funciones de este coordinador se enfocarán en “actuar en representación del gobierno federal siendo un tercero confiable que garantizará que el dinero de los contribuyentes sea utilizado de manera correcta”. Esta oficina, según Zamot, trabajaría de cerca con el Congreso y la rama Ejecutiva.

Asimismo, aseguró que la oficina del coordinador federal tendrá una “fecha de expiración” tan pronto el gobierno local tenga control de la adquisición de fondos.

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El presidente del comité, Raúl Grijalva —del Partido Demócrata— inquirió a a Zamot sobre la viabilidad de esta nueva oficina, especialmente que no gozará de respaldo en la isla debido a que le añadiría una esfera federal al gobierno local. Pese a esto, el exfuncionario defendió la implementación de un coordinador y aseguró que, de preguntarle a la ciudadanía, la mayoría de los puertorriqueños estaría de acuerdo con tener una oficina que busque garantizar que sus fondos se utilizan correctamente.

“No estamos pidiendo minimizar o atrasar los fondos que llegan al país, se trata para garantizar que las decisiones se hagan de manera correcta”, sostuvo Zamot.

Asimismo, a preguntas del congresista republicano Ron Bishop, Zamot indicó que a pesar de que surjan buenas ideas en la isla, si no son apoyadas por un político no serán completadas. “El que tiene padrino, se bautiza”, referenció Zamot. Según el exfuncionario, a pesar de que también es característico de pasadas administraciones, explicó que en esta coyuntura el país necesita que los fondos federales lleguen a la ciudadanía.

El comité congresional celebró hoy una vista acerca de la “transformación y privatización” de la red eléctrica del país. En la audiencia también compareció José Ortiz, director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE); Sergio Marxuach, del Centro para la Nueva Economía; Marla Pérez Lugo, profesora del Recinto Universitario de Mayagüez; Rodrigo Masses, presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico; y Bruce Walker, secretario de la oficina de Energía del Departamento de Energía federal.

Limita sus respuestas sobre supuesta corrupción

A preguntas de la congresista Nydia Velázquez, Zamot se expresó en torno a las acusaciones de corrupción que hizo al filo de su salida en febrero.

“He referido mis preocupaciones a la autoridades apropiadas”, precisó Zamot luego de que la legisladora demócrata le preguntara si habló con la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

Las expresiones de Zamot, sobre unos supuestos comentarios que le hicieron funcionarios de gobierno sobre el otorgamiento de contratos, provocó que figuras políticas le exigieran que si tenía evidencia, acudiera a las autoridades.

En entrevista televisiva con Noticentro, el director ejecutivo de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino, restó credibilidad a las expresiones de Zamot y expresó que este solo ha expresado “generalidades”. “Quedó totalmente desacreditado”, dijo.

Podrían aumentar las tarifas, según Ortiz

Mientras tanto, Ortiz también compareció en la vista congresional y fue cuestionado sobre los planes de la corporación pública de transformar el sistema eléctrico. A preguntas de Velázquez sobre la deuda de la AEE y cómo esto afecta las tarifas eléctricas, Ortiz aseguró que podrían aumentar. “Vamos a tener que incrementar las tarifas para poder pagar esa deuda”, sostuvo el funcionario.

Sin embargo, a preguntas de la comisionada residente, Jenniffer González, Ortiz mencionó que en agosto esperan que el costo energético se reduzca debido al gas natural que llegará a San Juan por las unidades 5 y 6. Expuso, además, que un acuerdo con Ecoeléctrica y los fondos de federales de Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres de Puerto Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés), podrían reducir los costos.

Durante su ponencia, Ortiz enumeró que la AEE adoptó gas natural en las unidades 5 y 6 de San Juan. Según el funcionario, este acuerdo podría representar un ahorro en los costos de combustible de $500 millones en 5 años y entre $80-$100 millones en el año fiscal 2019-2020. Ortiz aseguró que han pagado $300 millones a la deuda de la corporación pública que ascendió a $9,000 millones. Delineó, además, el plan del gobierno de establecer un alianza público-privada para establecer un operador independiente de transmisión y distribución de energía. Asimismo, Ortiz solicitó una exención a la Ley Jones para poder exportar gas licuado a la isla.

Ortiz dijo que a pesar de que al momento impulsan proyectos de gas natural mientras el gobierno concreta una transición hacia energía renovable a un 100%. No obstante, en su ponencia, afirmó que incorporarán baterías para almacenar energía en el plan que vislumbran para alcanzar energía renovable para el 2050. Por su parte, Bruce Walker, aplaudió la inversión de gas natural para la generación de energía en San Juan. Ante los cuestionamientos de Velázquez, negó que esta inversión contravenga la aspiración del gobierno de integrar un 100% de energía renovable para el 2050 ya que en estos momentos es la única opción que se puede ejecutar. El funcionario agregó que esto podría reducir los costos para los consumidores. Walker sí sostuvo que la isla tan solo cuenta con cerca de 2% de energía renovable instalada y opinó que la aspiración del gobierno de alcanzar un 100% para el 2050 es ambicioso.

Bishop —expresidente del Comité de Recursos Naturales— señaló que por años la AEE ha costado mucho dinero y ha estado inflada. Asimismo, cuestionó que el gobierno pueda implementar energía renovable a un 100% en 30 años. “Creo que es irreal”, dijo. “Uno de los problemas en el pasado con PREPA (AEE) es la interferencia política. Y la meta principal de ustedes es proveer energía abundante y asequible”.

Por su parte, González, resaltó que el gobierno aún no ha recibido cerca de $2,000 millones para reparar la red eléctrica del país con fondos provenientes del CDBG.

La ponencia de Marxuach, por su parte, se enfocó en señalar que el proceso de privatización debe contar con un marco regulatorio y que la isla no debe aumentar la generación por medio del gas natural para poder alcanzar la meta de energía renovable. “Si el proceso de privatización en marcha se limita a transferir una compañía corrupta del sector público a un grupo de inversionistas corruptos en el sector privado, no habremos logrado absolutamente nada”, explicó Marxuach.

Por su parte, Masses, sostuvo al Congreso que una transformación transparente de la AEE producirá desarrollo económico. Este también solicitó al Congreso a que se otorgue los fondos federales necesarios —estimado unos $17,000 millones— para reparar el sistema eléctrico. La profesora Marla Pérez —integrante de Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (INESI) de la Universidad de Puerto Rico (UPR)— sugirió que se debe integrar el conocimiento y los recursos del primer centro docente del país para reformar la red eléctrica. A su vez, lamentó que la JCF y el gobierno central reduzcan el presupuesto de la institución.

UTIER depone

Durante la segunda parte del panel, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, rechazó la privatización de la AEE estimó que transferir los activos de la corporación pública al sector privado no garantizará cambios. Ante esto, el líder sindical indicó que sometieron una moción en el caso de quiebra de la AEE para que se integre un inspector general (IPSIG, por sus siglas en inglés) que se encargue de las reformas y los fondos que la corporación pública recibe. “El nombramiento de un IPSIG para la AEE permitiría que el gobierno federal y otras partes interesadas tengan confianza en que las decisiones de la AEE sean dirigidas por los principios de la gestión profesional y no por la interferencia político partidista” puntualizó Figueroa Jaramillo en la ponencia sometida al Comité.