Las bajas en el gabinete de Ricardo Rosselló Nevares han vuelto a traer el debate sobre el tratamiento que se le da al manejo de la información y su repercusión con la transparencia y la libertad de prensa.
Esto, luego de que, una vez habían trascendido las renuncias de Julia Keleher como secretaria de Educación, y Héctor Pesquera, como secretario de Seguridad Pública, Metro intentó por múltiples vías, a través de diversos funcionarios de gobierno, obtener detalles, pero las peticiones no fueron respondidas.
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En ese sentido, tres profesionales de la comunicación coincidieron en que la acción pone en debate el asunto de la transparencia que asegura el Gobierno.
Carla Minet, portavoz del Centro de Periodismo Investigativo, entidad que ha ido más de diez veces al tribunal para solicitar datos públicos, sostuvo que la acción, “más que un tema de acceso a la información, el asunto de cómo los oficiales de prensa controlan o manipulan las peticiones que les hace la prensa representa un obstáculo a la libertad de prensa y a la responsabilidad de los medios de informar de manera rigurosa y verificada la información que reportan”.
Reconoció que los funcionarios tienen una discreción en torno a qué medios brindan la información. Sin embargo, esa práctica, expuso, se contrapone con la responsabilidad del Gobierno de mantener a la ciudadanía informada, y con la promesa del Gobierno de impulsar una transparencia. “Esa es la plataforma por la cual el gobernador y la administración llegaron a la gobernación”, manifestó al cuestionar que, a veces, no estén disponibles a la prensa o disponibles de forma desigual.
El presidente de la Overseas Press Club, Luis Guardiola, condenó que los funcionarios no respondan las llamadas o no confirmen una información. “Si ya es confirmada y corroborada por otras fuentes, y al medio le interesan datos, es deber responder. Son preguntas válidas que se deben responder y no rehuirle a esa solicitud ni dejarla sin atender. Es una situación que no debe ser”, señaló el periodista.
Mientras, la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Damaris Suárez, expuso que “es inaceptable que un funcionario público decida obviar o no contestar información que ya es pública. No se puede ser selectivo con un medio u otro”.
Este medio hizo gestiones por tercer día para obtener una reacción del secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, pero al cierre de esta edición no se recibió una respuesta.
