La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) confirmó que está auditando los fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación tras Desastres (CDBG-DR) otorgados a Puerto Rico luego de los huracanes Irma y María.
El portavoz de prensa de HUD, Darryl Madden, indicó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que no podía ofrecer más detalles porque el ejercicio apenas comienza.
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El secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, dijo al CPI que la auditoría comenzó el pasado 6 de marzo y es tanto para los fondos CDBG (Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario), que se reciben ordinariamente, como para los CDBG-DR.
Leticia Jover, portavoz de prensa del Departamento de la Vivienda, sostuvo que, al momento, “se han comprometido alrededor de $1 billón (en fondos CDBG-DR), que se encuentran en procesos competitivos” o de subastas. Según Jover, aún no se ha realizado el desembolso de fondos CDBG-DR para los diferentes programas que se establecen en el Plan de Acción. Jover no ofreció detalles de quiénes están participando de las subastas porque la “información es confidencial”.
En la página del Departamento de la Vivienda, aparecen 17 avisos de subasta. La primera es una solicitud de propuesta para manejar las relaciones públicas. En el resumen de la subasta, se establece que Vivienda “está requiriendo que las firmas/los profesionales calificados en Relaciones Públicas ayuden en el diseño, desarrollo y la implementación de campañas de publicidad para promover la iniciativa y la misión de CDBG-DR”. Otras subastas son para servicios de desarrollo y mantenimiento de página web, adquisición de computadoras portátiles con accesorios y para la “operación de un centro de llamadas”, entre otras.
Según Jover, en el caso de otros contratos que aparecen en la página de Vivienda, como el de Foundation for Puerto Rico (FPR), para el manejo del Programa de Planificación para la Resiliencia Comunitaria, fueron “adjudicados”, pero aún no han recibido el dinero. En el caso de FPR, la organización recibirá este por medio de reembolso, dijo Jover.
Al ser cuestionado sobre qué específicamente está auditando la OIG si aún no se ha realizado el desembolso de dinero, Gil Enseñat indicó que se trata de un capacity review, sin explicar detalles.
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Al revisar la página de la OIG de HUD, capacity review se refiere a cuando esa agencia evalúa la capacidad de administrar los fondos CDBG-DR de acuerdo con los reglamentos y requisitos aplicables. Los fondos CDBG-DR son destinados para atender necesidades relacionadas con la vivienda, el desarrollo económico y la infraestructura en lugares afectados por desastres.
El periodo a ser auditado comprende del 20 de septiembre de 2018 al 28 de febrero de 2019, según el funcionario. Justo el 20 de septiembre, el secretario de la Vivienda federal, Ben Carson, y el gobernador Ricardo Rosselló firmaron un acuerdo de asignación de fondos por $1,500 millones para la recuperación de Puerto Rico.
“Es la práctica y, en el Departamento de la Vivienda, es normal. De hecho, somos auditados por la Oficina del Inspector General y HUD, entre otros”, aseguró Gil Enseñat.
Destacó que los fondos CDBG fueron transferidos a su Departamento “por la experiencia, capacidad y trayectoria positiva en el manejo de los fondos provenientes del HUD”.
Nuevo informe del GAO al Congreso destaca la falta de estructura de HUD para manejar los fondos para desastres
La Oficina del Contralor de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) publicó esta semana un informe en el que establece que el uso de los fondos CDBG-DR otorgados a Puerto Rico, Florida, Texas y las Islas Vírgenes estadounidenses ha sido lento y que aún se encuentran en la etapa de planificación. El informe hace hincapié en que a más de un año de que estos fondos fueran asignados, la mayoría del dinero sigue sin usarse, como en el caso de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Daniel García Díaz, director de mercados financieros e inversión comunitaria en la GAO, sostuvo que hay un problema de fondo en la forma en que el programa CDBG-DR funciona, porque siempre tiene retrasos en llegar a la gente que los necesita, “en parte, porque los Gobiernos locales tienen que crear programas nuevos para distribuir los fondos a la gente que los necesita”.
Sin embargo, indicó que la responsabilidad de establecer e implementar los programas para el uso de los fondos CDBG-DR y asegurar que el dinero se use para el propósito indicado es tanto responsabilidad de HUD como de los estados o territorios. Recalcó la importancia de que el dinero llegue a la gente que lo necesita, específicamente a las personas que no recibieron otras ayudas porque no cualificaron, por ejemplo, para préstamos federales, por no tener los ingresos suficientes.
García Díaz dijo que un riesgo de la lentitud en el uso de los fondos es el posible cuestionamiento de la necesidad de estos por parte del Congreso, lo cual, a su juicio, no debería ocurrir porque “todo el mundo sabe la necesidad que hay en Puerto Rico”.
El informe de la GAO recomienda al Congreso que se establezcan leyes permanentes para el programa de CDBG-DR porque “cada vez que hay un desastre, el programa empieza de nuevo”. Y es que, según explicó el funcionario, el programa de CDBG-DR no cuenta con regulaciones permanentes, lo que dificulta que el proceso sea rápido.
“HUD no puede establecer regulaciones permanentes como en otros programas. Ellos tienen que empezar de nuevo y mirar qué dijo el Congreso esta vez (cada vez que ocurre un desastre), cuales son los nuevos requisitos que hay. Entonces tienen que hacer una notificación para todos los Gobiernos… No es un programa regular”, expresó.
Al Departamento de Vivienda federal, el informe recomienda mejorar la forma en que evalúan los documentos que entregan los estados o territorios relacionados con el programa CDBG-DR. Además, durante el estudio descubrieron que esa agencia no tiene un plan para monitorear a los diferentes estados en cuanto al programa de CDBG-DR y que tampoco han determinado el número de empleados que necesitan para eso.
“Eso es una de las cosas que nos preocupó mirando a Puerto Rico. Ellos también (el Departamento de la Vivienda) necesitan empleados para administrar ese programa. Ellos ahora tienen como 20 % de los empleados que necesitan para administrar ese programa. Y además de eso, necesitan ayuda de contratistas que todavía no tienen. Tienen un trabajo fuerte para buscar esos empleados”, reveló.
La situación se complica para Puerto Rico, según él, porque en la actualidad, estados como Florida y Texas también están buscando personal especializado para las mismas tareas, lo que pone a la isla en una especie de competencia, a la que se añade buscar profesionales que hablen español.
El estudio de la GAO surge como una petición que hizo el Congreso ante la demora para establecer los programas de cada estado y territorio para el uso de los fondos CDBG-DR.
Sobre la auditoría que comenzó la OIG del HUD a los fondos CDBG asignados a Puerto Rico, la que consiste de un capacity review, García Díaz explicó que es un proceso rutinario que también han pasado estados como Florida y Texas. Con el capacity review se analiza si el Departamento de la Vivienda tiene suficientes empleados y control administrativo para manejar el programa. También, analiza si la agencia cuenta con sistemas tecnológicos y los suficientes recursos para cumplir, indicó.
El secretario de la Vivienda compareció este martes ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes federal para hablar sobre la recuperación de Puerto Rico luego de Irma y María.
Entre las recomendaciones que allí presentó para agilizar el proceso de desembolso de fondos CDBG-DR, están la estandarización de las guías de contratación y programas de vivienda preaprobados para la reparación inmediata mientras se crean, revisan y aprueban planes de acción. Además, el funcionario recomendó la coordinación de los datos en tiempo real mediante una base de datos compartida entre FEMA, SBA (Small Business Administration), HUD y los contratistas, que use direcciones uniformes, información demográfica uniforme y tipos de vivienda. También propuso uniformar los procesos de inspección de daños de FEMA y SBA mediante una evaluación integral consolidada del daño total utilizando los estándares de los programas CDBG-DR y SBA, que proporcionan una evaluación más completa del daño total a la vivienda.
“La promulgación de un marco regulatorio a largo plazo para CDBG-DR es buena idea. Sin embargo, se debe hacer para facilitar el ritmo y la eficiencia de la recuperación, no para impedirla”, dijo Gil Enseñat en su mensaje al Congreso.
Durante la vista, la Oficina del Inspector General del HUD confirmó que investigará, por petición del propio Congreso, la posible intervención de Casa Blanca en la lentitud del otorgamiento de los fondos de recuperación para Puerto Rico, según reportó The Washington Post.
“Estamos en el proceso de investigar si ha habido alguna interferencia y planificamos informar al Congreso sobre lo que encontremos”, dijo Jeremy Kirkland, abogado de la OIG de HUD.
Esta investigación surge a raíz de una supuesta intervención del presidente Donald Trump a los fondos de recuperación para la isla y a sus declaraciones en privado de que no apoyará ninguna asignación de fondos que supere los $600 millones en fondos de emergencias para alimentos.
La dilación en el uso de fondos federales de recuperación es una preocupación para el director ejecutivo del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College en Nueva York, Edwin Meléndez, quien sostuvo que la isla tiene un problema de “implementación de recuperación económica”.
Sin embargo, su opinión apunta a un problema local en el uso de los fondos. “Usted tiene que gastar lo que le dan (le asignan). Si no gasta, no puede pedir más”, sostuvo durante la conferencia Empresarismo Social y Reconstrucción II, que se llevó a cabo del 22 al 23 de marzo en la Isla.
La larga travesía de los fondos CDBG-DR
En julio de 2018, el manejo de los fondos CDBG, que antes hacía la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), fue transferido a Vivienda por medio de la Ley 162, “por la estrecha relación” entre el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y el de Estados Unidos.
El pasado primero de marzo, HUD anunció la aprobación del plan de acción con enmiendas del Departamento de la Vivienda para el uso de $8,221 millones en fondos CDBG-DR en Puerto Rico. HUD advirtió que esta aprobación conllevará estrictos controles fiscales ante la preocupación relacionada con irregularidades fiscales del pasado. Este escrutinio incluirá una intensa vigilancia sobre los gastos para asegurar que el Gobierno de la isla use los fondos de manera prudente y de acuerdo con la ley, según HUD.
“Esta es una inversión sin precedentes, y debido a que Puerto Rico tiene una historia de infracciones fiscales, estamos agregando controles financieros para asegurar que estos fondos de recuperación de desastre sean utilizados apropiadamente”, dijo Carson en un comunicado de prensa cuando anunció la aprobación del plan de acción con enmiendas que sometió Vivienda.
Jeniffer Wiscovitch Padilla | CPI Este reportaje se publica en Metro por una alianza con el CPI. Para ver la historia completa, acceda a periodismoinvestigativo.com.
